Un informe de la Contraloría General de la República reveló que 10 funcionarios de la ONPE, entre ellos Piero Corvetto, incurrieron en graves irregularidades que impidieron que 55.261 ciudadanos de Lima Metropolitana ejercieran su derecho al voto en las elecciones del 12 de abril de 2026.
Según el informe, los funcionarios habrían modificado las bases del concurso para beneficiar a una empresa de transportes y autorizaron pagos adicionales por más de S/650.205,94 sin sustento técnico ni legal. La Contraloría advirtió que altos funcionarios de la ONPE beneficiaron de manera irregular a la empresa encargada del traslado de material electoral, en un contrato valorizado en S/6.368.332,75.
Los evaluadores Lilia Flores Bancho y William García Velásquez modificaron a última hora los requisitos del proceso para beneficiar a un postor específico, al reducir en dos metros la longitud exigida para los camiones. Asimismo, enviaron información falsa sobre la capacidad de carga de los vehículos para otorgarle un puntaje que no le correspondía.
A raíz de esta modificación, se descartó la propuesta más favorable y el contrato fue adjudicado a Galaga SAC, cuya oferta superaba inicialmente en S/168.148,19 a la competencia y en S/469.404,09 al postor que debió ganar legítimamente. La empresa ganadora no disponía de una flota propia suficiente, ya que prestó el servicio con un 92% de vehículos alquilados a terceros y apenas un 8% de camiones de su propiedad.
Debido a una deficiente planificación, los equipos informáticos destinados a las capacitaciones fueron entregados con retraso, afectando el cronograma electoral. Un día antes de la jornada, los responsables modificaron las rutas de entrega para 553 locales de votación e informaron que los camiones tardarían entre 3 y 4 horas en llegar, pese a que los trayectos requerían al menos 8 horas de viaje.
Esta falta de coordinación ocasionó que el material electoral llegara con retraso a 3.605 mesas de sufragio y provocó que 187 mesas en Lima Metropolitana no pudieran instalarse, afectando el derecho al voto de 55.261 electores.
El informe también señala que altos funcionarios de logística, administración y asesoría jurídica de la ONPE actuaron de manera coordinada para aprobar pagos adicionales a la empresa de transportes por un monto de S/650.205,94. Dicho desembolso se efectuó “sin el sustento técnico y legal que justifique que resultaban indispensables”. Se aprobó sin justificación el incremento en la tarifa del traslado de 5.441 equipos hacia el local de Lurín, pasando de S/0,60 por kilo a S/6,00 por kilo, lo que representó un incremento del 900% respecto del contrato principal.
Frente a la gravedad de las irregularidades, la Contraloría recomendó que el actual titular de la ONPE inicie los procedimientos para sancionar administrativamente a los funcionarios involucrados. Además, se solicitó formalmente a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios que inicie las acciones penales contra los 10 implicados. El informe fue remitido a la Junta Nacional de Justicia para que adopte las medidas correspondientes.
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