La Comisión Permanente del Congreso evaluará este jueves 11 de setiembre el informe final que recomienda archivar la Denuncia Constitucional 509 presentada por la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte y exintegrantes de su gabinete.
La denuncia, vinculada a las muertes registradas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, también alcanzaba a exministros como Pedro Angulo Arana, Alberto Otárola, y otros que ocuparon la cartera del Interior.
Según el documento, «no se ha acreditado que haya tenido control operativo ni conocimiento concreto de eventos de represión desproporcionada en tiempo real». Además, enfatiza que «no hay constancia de que haya recibido alertas específicas sobre posibles vulneraciones que omitiera atender».
Las manifestaciones se registraron en regiones como Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima, desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 9 de febrero de 2023. Según la Fiscalía, hubo 44 fallecidos, 47 lesiones graves y 69 lesiones leves.
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