Este lunes, el Congreso de la República oficializó el otorgamiento de facultades legislativas al Gobierno por un plazo de 60 días para que emita normas en seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.
La medida quedó establecida mediante la Ley N.º 32527, publicada en el diario oficial El Peruano. La norma precisa que se aprobaron 48 de las 58 solicitudes y submaterias planteadas por el Ejecutivo en noviembre, lo que equivale al 84% del total del pedido. Con ello, el Gobierno queda habilitado para dictar decretos legislativos en diversos frentes vinculados a la seguridad, economía y modernización del Estado.
Una de las medidas clave será la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC). Este nuevo esquema estará orientado a enfrentar delitos como extorsión, sicariato, secuestro y otras modalidades criminales que afectan al transporte público y al traslado de mercancías.
También se prevé la penalización de la revelación de información reservada vinculada a investigaciones penales y actuaciones policiales, incorporando un supuesto específico de inhabilitación para los condenados por este delito.
Se contempla la modificación de la Ley 27891, Ley del Refugiado, para reforzar los procedimientos de reconocimiento y archivo de casos, así como el registro de datos personales. Entre los cambios figura la captura biométrica obligatoria de solicitantes en el Registro de Información Migratoria, con el objetivo de evitar el uso indebido de la figura de refugiado por personas extranjeras en situación irregular.
Se reformará la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, para incluir como delitos la adquisición, comercialización y tráfico de datos informáticos y bancos de datos obtenidos de manera ilícita. De igual forma, se reforzará el marco penal y procesal aplicable a la minería ilegal, actualizando sanciones y sumando nuevas figuras delictivas asociadas a esta actividad.
Se modificará la Ley 32441, que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos. Los cambios apuntan a fortalecer institucionalmente el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada y a precisar competencias para optimizar la gestión de proyectos.
Dentro de este eje, también se plantea establecer un nuevo marco normativo para incentivar la inversión privada en bienes públicos que forman parte del patrimonio cultural de la nación, buscando mecanismos que permitan aprovechar estos activos sin perder de vista su valor histórico y cultural.
La ley destaca la modificación del literal 5-A.1 del artículo 5-A de la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, para promover y mejorar la innovación pública dentro del sistema de modernización.
La delegación de facultades también incluye la creación de la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, así como de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR). Esta última actuará como ente rector del sistema especializado de internamiento y reinserción social.
Tras la promulgación de la ley, el siguiente paso corresponde al Gobierno, que deberá emitir los decretos legislativos dentro del plazo de 60 días. Las autoridades han señalado que estas herramientas normativas buscan impactar directamente en la seguridad, el crecimiento económico y la calidad de vida de los peruanos.
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