Congreso Peruano Aprueba Ley Contra Extorsión y Sicariato en Transporte

Aprobación Histórica de Medidas Extraordinarias

El Pleno del Congreso de la República aprobó por amplia mayoría el dictamen del Proyecto de Ley 12723, que establece medidas extraordinarias para enfrentar los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y de carga.

Resultado de la Votación y Alcance de la Norma

• Votos a favor: 90
• Votos en contra: 2
• Abstenciones: 3

La norma fue exonerada de segunda votación y consta de seis artículos y dos disposiciones complementarias finales.

Origen y Sustentación de la Iniciativa

La propuesta legislativa fue presentada por el presidente del Congreso y encargado de la Presidencia de la República, José Jerí Oré, y dictaminada por las comisiones de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, así como de Transportes y Comunicaciones.

Durante la sustentación, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Karol Paredes Fonseca, destacó que la iniciativa responde a la urgencia de una acción estatal excepcional frente a un fenómeno criminal estructural.

“Las extorsiones y sicariatos en el transporte público afectan no sólo la economía popular, sino también el principio de seguridad jurídica y el derecho fundamental a la vida”, expresó la parlamentaria.

Disposiciones Clave para Enfrentar la Criminalidad

• Creación de un registro nacional de empresas de transporte vulnerables.
• Intervención temporal de rutas o concesiones bajo riesgo delictivo.
• Intercambio de información entre la SUNAT, la SBS y la Policía Nacional para detectar operaciones vinculadas al lavado de activos.
• Supervisión especial de terminales a cargo del Ministerio del Interior.
• Coordinación entre fiscalías especializadas en crimen organizado.

Paredes Fonseca subrayó que las medidas no reemplazan el marco penal existente, sino que lo fortalecen mediante herramientas de inteligencia y cooperación interinstitucional.

Impacto y Cifras Alarmantes

El presidente de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Mori Celis, precisó que el documento registra más de 128 víctimas de atentados entre agosto de 2024 y octubre de 2025, con 65 fallecidos en Lima y Callao.

“El cobro de cupos se ha transformado en un sistema criminal de control económico y territorial”, advirtió.

La ley constituye una respuesta constitucionalmente legítima y técnicamente necesaria para restaurar la confianza en el Estado y garantizar el orden interno.