La Comisión Permanente del Congreso aprobó por mayoría el informe final que propone inhabilitar por diez años para ejercer función pública al expresidente Pedro Castillo Terrones por el intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022.
La decisión obtuvo 13 votos a favor y 6 en contra, y deberá ser ratificada por el pleno del Parlamento, conforme al procedimiento de acusación constitucional.
El informe final acusa a Castillo de infringir 18 artículos de la Constitución Política del Perú durante la ruptura del orden democrático:
La acusación señala que Castillo vulneró principios esenciales del Estado constitucional durante la disolución inconstitucional del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.
El expresidente afronta actualmente un juicio oral por presunto delito de rebelión, proceso derivado de los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la instalación de un “gobierno de excepción”, la reorganización del sistema de justicia y un toque de queda nacional.
Con la aprobación de la Comisión Permanente, el expediente será enviado al pleno del Congreso, instancia que deberá decidir si ratifica o rechaza la sanción propuesta. El pleno requiere mayoría simple para validar la inhabilitación por diez años.
La inhabilitación política constituye un procedimiento independiente del proceso penal y se circunscribe a responsabilidades constitucionales.
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