La bancada de Alianza para el Progreso (APP) presentó una propuesta para establecer medidas financieras a favor de personas víctimas de sicariato, secuestro o extorsión, con el objetivo de evitar el cierre de sus negocios.
El proyecto, identificado como Ley N.° 10289, fue presentado por la congresista Elva Edhit Julón Irigoin y se encuentra actualmente en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno y Lucha contra las Drogas.
La iniciativa cuenta con el apoyo de legisladores como Roberto Chiabra, Lady Camones, Alejandro Soto Reyes e Idelso García Correa. Sin embargo, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu manifestó su desacuerdo:
«Eso no tiene mi autorización, eso lo voy a investigar. La verdad que voy a retirar mi firma porque no me parece pertinente ese proyecto. Me parece descabellado porque de esta manera estamos validando acá la extorsión o poniéndola adentro de una cuenta de resultados. No me parece correcto»
El texto de la ley establece que su finalidad es «evitar el cierre de sus negocios y/o actividades a nivel nacional» mediante mecanismos de protección financiera para las víctimas inscritas en el registro.
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