El Pleno del Congreso debatirá y votará este miércoles 19 de noviembre el informe final que propone inhabilitar por 10 años a la ex primera ministra Betssy Chávez. La sesión, programada para las 3:00 p. m., contará con la presencia de la exministra, su abogado y la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones.
La Denuncia Constitucional N.º 351, presentada por la parlamentaria Patricia Chirino, acusa a Chávez de violar los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución debido a su «participación activa» en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, liderado por el exmandatario Pedro Castillo.
El informe aprobado por la SAC a finales de septiembre concluye que, al haber transgredido la Constitución, la ex primera ministra debe ser sancionada conforme al artículo 100 de la carta magna, quedando inhabilitada para ejercer funciones públicas por 10 años.
Cabe recordar que el juicio oral por el presunto delito de rebelión que enfrenta Betssy Chávez se encuentra próximo a sus alegatos finales. Tras escuchar a casi todas las partes, el juez José Neyra Flores emitirá su fallo, y la pena que podría imponerse, según la Fiscalía, oscila entre 15 y 25 años de prisión.
La exministra se encuentra en la embajada de México en Lima bajo un asilo diplomático concedido por dicho país. El canciller Hugo de Zela indicó que el gobierno peruano ha optado por «demorar» su respuesta respecto al salvoconducto para Chávez, con el objetivo de realizar consultas con otros países de la región, particularmente la OEA.
«Lo que hemos decidido es demorar la consideración del salvoconducto para tener tiempo de hacer consultas con otros países de la región, de la OEA particularmente, para ver si esta convención (Convención de Caracas de 1954) se adecua a la realidad de hoy», declaró el canciller en una entrevista con la cadena CNN.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que presentará a los países miembros de la OEA «una propuesta de modificación de la Convención de Caracas de 1954» para evitar que el derecho de asilo se desvirtúe. La Cancillería peruana expresó su rechazo porque «el derecho de asilo se ha desvirtuado al otorgarse a quienes no sufren persecución en Estados democráticos, sino que, más bien, son procesados o incluso condenados por delitos comunes».
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