En una sesión clave, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el proyecto de ley que incorpora el delito de lesa humanidad en el Código Penal peruano. La iniciativa responde al exhorto del Tribunal Constitucional (TC), que en diciembre de 2025 declaró constitucional la Ley 32107 y pidió al Legislativo tipificar estos delitos.
El TC estableció que la aplicación del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en el Perú rige para hechos ocurridos después del 1 de julio de 2002. Con la nueva ley, se consideran delitos de lesa humanidad los siguientes actos, siempre que sean cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil:
La pena prevista es privativa de libertad no menor de 30 años hasta cadena perpetua.
Según el Reglamento del Congreso, la segunda votación debe realizarse en un plazo de siete días calendario. Sin embargo, la legislatura actual culmina hoy. Al cierre de esta edición, el Parlamento aún no había definido una ampliación. De no concretarse, el texto podría votarse la próxima semana o ser tratado por la Comisión Permanente, que se mantiene en funciones hasta que los nuevos congresistas (periodo 2026–2031) asuman. Si la Permanente tampoco lo aborda, la Cámara de Diputados de la próxima gestión deberá revisarlo.
Además, está pendiente la reconsideración presentada por los legisladores Ruth Luque, Sigrid Bazán y otros congresistas. Organizaciones de derechos humanos han alertado que la ley, al establecer que crímenes anteriores a la vigencia del Estatuto de Roma no sean considerados de lesa humanidad, podría abrir la puerta a la impunidad y representar un retroceso en las obligaciones internacionales del Perú.
«Esta propuesta incorpora delitos de lesa humanidad al Código Penal, pero establece que crímenes ocurridos antes del Estatuto de Roma se consideren como delitos comunes, lo que podría generar impunidad», advierte la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
El debate continuará en los próximos días, mientras la comunidad jurídica y las organizaciones sociales mantienen la vigilancia sobre el rumbo de esta norma que impacta directamente en la memoria y la justicia en el país.
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