Los juzgados o salas constitucionales de la Corte de Lima están en el centro de una grave controversia por sus fallos, generando enfrentamientos entre instituciones y figuras políticas. El caso más emblemático involucra a los jueces Ordoñez Alcántara, Tapia Gonzáles y Cueva Chauca de la Primera Sala Constitucional, quienes se negaron a acatar una decisión del Tribunal Constitucional emitida a inicios de este mes.
El Tribunal Constitucional ordenó suspender el proceso judicial que definirá la inscripción provisional del partido político Unidad Popular (UP), liderado por el ex juez supremo Duberlí Rodríguez. Sin embargo, los magistrados constitucionales aseguran que ninguna entidad “puede interferir en la tramitación” de causas pendientes y alegan que el TC ha sentado precedentes en relación a ello.
Domingo García Belaunde consideró que los jueces han incurrido en “intromisión, interferencia e ignorancia”, señalando que “tienen un falso sentido de independencia”. Añadió que “no deberían estar desacatando al Tribunal Constitucional que está por encima de ellos”.
Por su parte, Luis Roel Alva indicó que los jueces se aprovechan de que la Constitución y el Código Procesal Constitucional no establecen una forma de supervisión directa, y sugirió que el TC debería “apresurarse a resolver la causa y, eventualmente, llamar la atención a los jueces”.
Estos casos reflejan una tensión creciente entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, con implicaciones profundas para la estabilidad institucional peruana.
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