El suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo-Rojo, intentó ingresar ayer a la sede del Gobierno Regional para retomar sus funciones, pero no logró obtener la autorización necesaria del Consejo Regional.
Declaraciones en los exteriores del edificio
Frente a la prensa, Castillo-Rojo expresó: “Ustedes siempre han estado conmigo y yo siempre voy a estar con ustedes. Vamos a hacer las cosas a la chalaca, cumpliendo la ley. No vamos a caer en provocaciones”.

Antecedentes: prófugo desde diciembre de 2025
Castillo-Rojo había permanecido prófugo desde el 15 de diciembre de 2025. El funcionario está investigado por presuntamente integrar la organización criminal “Los socios del Callao”.
Intento fallido de ingreso y falta de autorización
Durante más de una hora, el suspendido gobernador permaneció en los exteriores del edificio a la espera de un permiso. Sin embargo, no recibió autorización del Consejo Regional, lo que impidió su acceso.
Abogado anuncia denuncia penal contra interina
Tras el impedimento, Humberto Abanto, abogado de Castillo-Rojo, anunció que presentará una denuncia penal contra la gobernadora regional interina, Edita Vargas, y demás responsables.
“Vamos a tener que denunciar a ella y a los cómplices de este delito, que, además, es un delito de usurpación de funciones, violencia y resistencia a la autoridad contra el gobernador regional”, declaró Abanto.
Argumentos legales: cuestionamiento a la interinidad
El abogado señaló que, tras la decisión del Poder Judicial (PJ), que anuló la prisión preventiva y dictó comparecencia con restricciones para Castillo-Rojo, no hay base legal para que Vargas continúe como interina.
“La ley prevé una situación que se llama de pleno derecho. La aparición del titular elimina inmediatamente la suplencia. La ley no establece un plazo distinto de 180 días”, sostuvo Abanto.
Respaldo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) respaldó la decisión de anular la cárcel provisional de Castillo-Rojo.
“La imposición de medidas como la prisión preventiva no solo impacta la esfera personal del investigado, sino que también puede afectar la institucionalidad democrática”, indicó la ANGR.
La situación continúa en desarrollo, mientras Castillo-Rojo insiste en retomar sus funciones legítimas según su interpretación de la ley.