La diputada de Juntos por el Perú por Huancavelica, Catherin Palomino, vuelve a estar en el centro de la controversia. Mientras enfrenta cuestionamientos por los chats contra la familia del expresidente Pedro Castillo, ahora se suma un nuevo frente: un taller textil que funcionaría a puerta cerrada, sin licencia de funcionamiento ni las garantías de seguridad correspondientes.
Así lo reveló el dominical Cuarto Poder, que difundió un video de la propia parlamentaria durante su campaña política. En las imágenes, la cámara sigue a Catherin Palomino hasta el jirón 5 de Agosto, en Huancavelica, donde se encuentra su vivienda y, a la vez, el taller textil.
En el material audiovisual se observa el local equipado con máquinas de coser, telas y material para la confección de casacas y otras prendas. La propia diputada aparece mostrando casacas de Juntos por el Perú confeccionadas en ese espacio.
Sin embargo, una verificación posterior encontró que el taller funciona prácticamente a puerta cerrada. Según el testimonio de un trabajador del lugar, quien viene laborando desde hace un año, la producción también se realiza al por mayor.
Macario de la Cruz, subgerente de Comercialización de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, confirmó que no existe registro de un negocio de confecciones a nombre de Catherin Palomino. Tras la búsqueda en el sistema, ningún taller aparece registrado en dicha dirección.
“He buscado del año 2000 hasta marzo del año 2026, no hay”, afirmó el funcionario.
De acuerdo con Macario de la Cruz, en caso de operar un negocio sin los permisos correspondientes, corresponde la clausura. Además, debido al incumplimiento de estos requisitos, el local representaría un riesgo para quienes laboran en el lugar.
La abuela de la parlamentaria, Dionisia, confirmó que el taller pertenece a Catherin Palomino y reconoció que este no cuenta con autorización, debido a que funciona dentro de la vivienda familiar.
El abogado constitucionalista y experto en derecho parlamentario Alejandro Rospigliosi señaló que las autoridades han reportado que el domicilio donde reside la diputada no cuenta con licencia ni cumple con las normas de salud correspondientes. Según el especialista, existen indicios suficientes para que el Ministerio Público inicie una investigación sobre el caso.
El caso vuelve a poner la atención en la fiscalización de los requisitos legales y sanitarios de los emprendimientos, incluso cuando pertenecen a autoridades en ejercicio.
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