La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios concluyó la investigación preparatoria del denominado caso Anguía, en el que se encuentran comprendidos la diputada de Juntos por el Perú, Yenifer Paredes; su hermana, Lilia Paredes; y más de 40 personas investigadas.
De acuerdo con información difundida por El Comercio, la Fiscalía tomó esta decisión en cumplimiento de una resolución judicial que declaró improcedente la solicitud para ampliar el plazo de la investigación.
El cierre de las pesquisas se produjo después de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dejara sin efecto la resolución que había otorgado al Ministerio Público una prórroga extraordinaria para continuar con la investigación. El tribunal superior determinó que la Fiscalía presentó fuera de plazo su solicitud de ampliación, por lo que dispuso dar por concluidos los plazos procesales correspondientes.
La resolución judicial también comprende a los hermanos Walter y David Paredes, además del exalcalde distrital de Anguía, José Medina. Entre los investigados se encuentran personas naturales y jurídicas vinculadas a presuntos delitos contra la administración pública.
La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para obras de saneamiento financiadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Este caso ha generado expectativa por la cantidad de implicados y la gravedad de los cargos.
Con el cierre de la instrucción formal, el Ministerio Público deberá presentar su requerimiento conclusivo.
Con el cierre de la instrucción formal, el ente fiscal deberá presentar su requerimiento conclusivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 343 del Código Procesal Penal. Ahora, el despacho fiscal tendrá que analizar los elementos de convicción reunidos durante las pesquisas y, con base en ello, decidir si presenta una acusación penal, solicita el sobreseimiento del caso o plantea un requerimiento mixto ante el juzgado de investigación preparatoria.
Los fiscales anticorrupción evalúan los informes periciales recopilados para determinar si existen elementos suficientes que permitan llevar el caso a la etapa intermedia, previa al juicio oral.
La resolución judicial de la sala superior también dispuso que se envíen copias de lo actuado a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, a fin de que se evalúen los disciplinarios que correspondan. En los próximos días, el Ministerio Público tendrá que determinar la situación procesal de las personas naturales y jurídicas comprendidas en la investigación.
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