El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, ha levantado su voz para cuestionar abiertamente el funcionamiento y, sobre todo, la administración de los recursos públicos destinados a la franja electoral.
Álvarez reconoció que este mecanismo es vital para garantizar que todas las agrupaciones políticas tengan acceso a espacios de difusión. Sin embargo, lanzó una severa advertencia: «existen prácticas que generan cuestionamientos sobre su manejo».
Para el candidato, el núcleo del problema no yace en el marco legal. «El problema no se encuentra en la norma que regula la franja electoral, sino en las personas que la administran», afirmó, sugiriendo que las acciones de estos funcionarios proyectan serias dudas sobre la correcta utilización del dinero.
Frente a esta situación, que calificó de «oneroso uso de recursos de los contribuyentes», Álvarez planteó una solución concreta. Propuso evaluar el retorno al esquema aplicado en el año 2016, cuando la franja se ejecutaba a través de licitaciones con los medios de comunicación.
«Bajo ese modelo, los propios medios administraban los recursos sin direccionamientos vinculados a intereses particulares», explicó. Recalcó con firmeza un principio fundamental: «el dinero asignado no pertenece a partidos ni a candidatos, sino al Estado».
Las declaraciones de Carlos Álvarez reavivan el debate sobre la transparencia y la eficiencia en el gasto estatal durante los periodos electorales, poniendo el foco en la necesidad de mecanismos de control que aseguren que cada sol de los peruanos sea utilizado con integridad.
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