Prisión preventiva de cinco meses para Betssy Chávez por intento de golpe de Estado
El juez Juan Carlos Checkley Soria revocó la comparecencia de Betssy Chávez Chino y ordenó cinco meses de prisión preventiva, tras considerar su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, encabezado por el expresidente Pedro Castillo Terrones.
Fundamentos de la decisión judicial
La fiscal suprema Zoraida Ávalos presentó el requerimiento el 7 de noviembre, argumentando que la exministra de Cultura y de Trabajo incumplió las restricciones impuestas tras su excarcelación, ordenada por el Tribunal Constitucional en septiembre.
Tras la audiencia del jueves 13 de noviembre, el juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró fundado el pedido del Ministerio Público, verificando que Chávez no asistió a:
- Tres controles biométricos obligatorios: 29 de septiembre, 27 de octubre y 3 de noviembre.
- Cuatro sesiones del juicio oral, lo que casi la lleva a ser declarada reo contumaz.

Riesgo de fuga y obstaculización a la justicia
La resolución destaca que las infracciones ocurrieron poco antes de que Chávez buscara asilo en la Embajada de México en Lima, interpretándose como peligro de fuga y obstaculización a la justicia. El fallo será remitido a la Policía Nacional del Perú y a la Interpol para su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.
Inhabilitación por el Congreso
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final de las denuncias constitucionales DC 547 y DC 575, recomendando la inhabilitación por diez años para que Betssy Chávez ejerza cargos públicos, por su presunta participación en el intento de golpe de Estado.
- Votación: 17 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones.
- Denunciantes: Congresistas Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular) y Alejandro Cavero Alva (Avanza País).
- Subcomisión de Acusaciones Constitucionales: Aprobó el informe el 7 de noviembre de 2025 con 10 votos a favor y 3 en contra.
Impacto en otros implicados
El informe también recomienda la inhabilitación por diez años para el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exministro del Interior Willy Huerta Olivas, aunque su votación final está pendiente en el Pleno del Congreso. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, indicó que el caso de Castillo se tratará en una sesión posterior por no acreditar abogado defensor.
La sanción se basa en la infracción de artículos de la Constitución Política del Perú, afectando derechos fundamentales y la estructura del Estado.