Análisis Fiscal: Duplicar Bonos y Subir Vale GLP Costaría Miles de Millones al Estado

Impacto Fiscal de las Propuestas Sociales en Campaña

Un estudio del Instituto Videnza revela el elevado costo que tendrían para las arcas públicas las promesas de campaña de los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y George Forsyth.

Keiko Fujimori y George Forsyth, candidatos presidenciales
Candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y George Forsyth (Somos Perú) proponen medidas que impactarían el gasto público.

Duplicación de Bonos: La Propuesta de Keiko Fujimori

La candidata de Fuerza Popular plantea duplicar el monto de los bonos entregados a beneficiarios de los programas Juntos y Pensión 65, ambos bajo el ámbito del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

  • Bono Juntos: Pasar de S/200 a S/400 bimensuales, elevando el costo anual de S/912 millones a S/1,824 millones hacia 2026.
  • Pensión 65: Aumentar el pago de S/350 a S/700, implicando un incremento de S/1,731 millones a S/3,462 millones anuales.

El costo conjunto de ambas medidas alcanzaría los S/5,287 millones en 2026, representando alrededor del 70,4% del presupuesto del Midis.

Ampliación del Vale GLP: La Propuesta de George Forsyth

Por su parte, el candidato de Somos Perú propone ampliar de S/20 a S/50 el vale de descuento para la compra de un balón de gas, subsidio financiado a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).

El análisis técnico señala que elevar el subsidio implicaría un incremento aproximado de S/375 millones adicionales anuales.

El FISE también financia programas como BonoGas (S/185 millones) y Ahorro GNV (S/135 millones), por lo que ampliar el vale GLP redistribuiría recursos dentro del mismo fondo, afectando la disponibilidad presupuestal de otras iniciativas.

Advertencias y Presión sobre las Cuentas Públicas

El informe del Instituto Videnza advierte que financiar estos incrementos requeriría mayores recursos permanentes o recurrir a endeudamiento público, ya que el gasto social es de carácter recurrente.

Las propuestas, aunque buscan aliviar la situación de los más vulnerables, generan una presión significativa sobre las finanzas del Estado, según el análisis.

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