La reconocida abogada penalista Romy Chang analiza en detalle los juicios orales en curso, con sentencias inminentes, de los expresidentes Pedro Castillo y Martín Vizcarra. Chang remarca aspectos cruciales del derecho penal que podrían definir el futuro de ambos casos.
Sobre el enfoque jurídico de la Fiscalía contra Pedro Castillo, Chang explica: «Es un tema en discusión. Para un sector de la doctrina, la rebelión requiere alzarse en armas. Y, en el caso del señor Castillo se dice que no se habría, técnicamente, alzado en armas porque no hay, nunca, un arma». Sin embargo, destaca que en el tipo penal de conspiración para rebelión la norma no requiere el éxito de la operación.
La defensa de Castillo argumenta que no hubo rebelión puesto que no hubo alzamiento en armas y el Congreso no fue cerrado. Chang responde: «Pero se están olvidando que en este tipo penal no se exige el resultado. No se requiere el éxito de la conspiración para rebelión para poder hablar de un delito».
La Fiscalía ha propuesto 34 años de prisión para Castillo. Chang considera que, además del delito de conspiración para rebelión, hay otros tipos penales como el de abuso de autoridad. «Recuerde que es un atentado contra el orden constitucional. Eso no es poca cosa», afirma.
Sobre la defensa política de Castillo, Chang opina: «Yo, la verdad, no la veo como la mejor estrategia. Hubiera sido más eficaz si hubiera hecho una defensa jurídica porque, finalmente, el Poder Judicial resuelve sobre consideraciones jurídicas, no políticas».
En contraste, Chang señala que «en el caso de Vizcarra hay muchos más elementos. El trabajo de la Fiscalía ha sido mucho más sólido». Detalla una serie de pruebas clave:
La Fiscalía solicita 15 años de prisión para Vizcarra: «9 años por el caso Hospital de Moquegua y 6 por Lomas de Ilo». Chang explica que la diferencia radical con la pena de Castillo se debe al tipo penal: corrupción versus atentado contra el orden constitucional.
Sobre Betssy Chávez, Chang aclara que «son dos temas que corren de manera separada. Sea que la condenen o absuelvan, ella, igual, tiene el asilo». El asilo es una cuestión política y ya ha sido concedido, pendiente solo el salvoconducto.
«La abogada Romy Chang, directora de la maestría de Derecho Penal de la PUCP, enfatiza la importancia de los elementos probatorios en estos juicios que marcan un hito en la política peruana.»
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