La masacre de 13 trabajadores mineros en Pataz, La Libertad, ha expuesto nuevamente el vínculo entre la minería ilegal y las economías ilícitas que operan bajo impunidad. Pese a mantenerse en estado de emergencia desde hace un año y medio, esta zona sigue siendo escenario de conflictos violentos.
El Congreso de la República aprobó ampliar hasta el 30 de junio de 2025 el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un mecanismo cuestionado por permitir que grupos ilegales operen bajo el manto de la «minería artesanal». La medida se oficializó mediante la Ley N° 32213, promulgada el 27 de diciembre de 2024.
Organizaciones como ADEX, la CCL y la SNI emitieron un comunicado conjunto señalando que el Reinfo ha facilitado la expansión de actividades ilícitas:
«La impunidad en Pataz obedece a la ausencia de políticas efectivas contra el crimen organizado».
Mientras el Ejecutivo insiste en la formalización, analistas cuestionan si esta ampliación beneficiará a los mineros artesanales o perpetuará el control de grupos ilegales que operan con violencia en la región.
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