A pocos meses de las elecciones generales del 2026, surgen denuncias masivas de ciudadanos peruanos que descubren estar afiliados a partidos políticos sin autorización. Las investigaciones apuntan a una presunta máquina electoral que falsificó firmas usando datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Según el penalista Andy Carrión, el delito de falsedad genérica (con penas de 2 a 4 años) sería el aplicable. «La Fiscalía debe determinar si hubo falsificación de firmas o una estructura más compleja», señaló.
Fernando Silva, otro experto penal, advierte que si se prueba que los partidos ordenaron estas acciones, podría configurarse organización criminal. «Los dirigentes que participaron o permitieron los hechos serán investigados», afirmó.
«Los partidos son responsables de lo que presentan. No pueden evadir su responsabilidad» — Fernando Rodríguez, exdirector del ROP.
José Tello, experto electoral, aclara que la falsificación de firmas no es causal de cancelación, pero sí derivará en sanciones penales a los responsables directos.
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