En un movimiento que intensifica su enfrentamiento histórico con el sistema judicial, Donald Trump ordenó la deportación masiva de 238 nacionales venezolanos utilizando la Ley de Extranjería Enemiga de 1798, norma que permite expulsar ciudadanos de países considerados «enemigos en tiempos de guerra».
El presidente salvadoreño Nayib Bukele celebró la acción con un «Oopsie, too late» en redes, mientras Musk llamaba a «impeachment para jueces opositores». La administración Trump justificó las deportaciones alegando vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua, aunque organizaciones de derechos humanos exigen pruebas.
La Casa Blanca lanzó un video estilo Hollywood mostrando a deportados esposados, buscando capitalizar el apoyo a políticas «mano dura». Karoline Leavitt, secretaria de prensa, afirmó: «Actuamos dentro de la ley y la autoridad constitucional».
Mientras expertos hablan de quiebre institucional, el portavoz Harrison Fields invirtió la culpa: «La crisis está en el poder judicial, no en nosotros». Todo ocurre en vísperas de elecciones intermedias donde Republicans buscan capitalizar el apoyo del 72% a deportar criminales, según Gallup.
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