El viernes, la Junta Escolar del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) votó unánimemente para colocar al Superintendente Alberto Carvalho en licencia administrativa indefinida con goce de sueldo. Esta decisión se tomó dos días después de que agentes del FBI allanaran su casa en California y su oficina en el distrito escolar.
Los siete miembros de la junta optaron por esta medida mientras avanza la investigación federal. Carvalho, de 61 años y ex superintendente de Miami-Dade, recibe un salario anual de $440,000. Andres Chait, jefe de operaciones escolares con casi 20 años en el distrito, asumirá como superintendente interino.
Carvalho no ha sido acusado de ningún delito, pero su nombre está vinculado a la empresa AllHere Education, una startup de chatbot de inteligencia artificial educativa que colapsó y se declaró en bancarrota en 2024. Él fue un promotor clave de esta tecnología, destinada a combatir el absentismo estudiantil.
El distrito de Los Ángeles firmó un contrato de $6 millones con AllHere poco antes de su quiebra. La fundadora y CEO, Joanna Smith-Griffin, fue acusada de defraudar inversionistas en noviembre de 2024.
Además, el Sistema de Escuelas Públicas de Miami-Dade suscribió un acuerdo de $1.8 millones por tres años con AllHere meses después de que Carvalho dejara ese distrito en febrero de 2022. Un portavoz de Miami-Dade indicó que nada resultó de ese contrato.
Como parte de la investigación, el FBI también allanó una casa en Southwest Ranches, Broward, propiedad de Debra Kerr, una consultora educativa y ex representante de ventas de AllHere Education. Kerr figura como una de las acreedoras en los registros de bancarrota y afirmó que nunca se le pagó una comisión de más de $600,000 por gestionar el contrato de Los Ángeles.
Kerr y Carvalho se conocen desde hace años a través de su trabajo como cabildera registrada para la editorial de libros de texto Pearson Education.
Carvalho, quien llegó a Estados Unidos como inmigrante indocumentado desde Portugal a los 17 años, ha sido un opositor vocal de las políticas de inmigración del expresidente Trump. La junta escolar celebró una reunión de emergencia a puerta cerrada el jueves para discutir su empleo, posponiendo la decisión para el viernes. Antes de esa sesión, padres del distrito expresaron su preocupación, y un residente acusó a la junta de complicidad en lo que investiga el FBI.
La investigación continúa y no se han revelado los cargos específicos. El FBI no ha comentado públicamente los motivos de los allanamientos.
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