Este martes, la fiscalía de Florida solicitó formalmente a un juez del condado de Orange que reconsidere su orden de liberar bajo fianza a Mike Caruso, el suspendido secretario del condado de Palm Beach que enfrenta cargos por secuestro y abuso sexual infantil.
En una audiencia celebrada el viernes, los fiscales pidieron que Caruso permaneciera detenido hasta el juicio, argumentando que representa un peligro y que la familia de la víctima estaba atemorizada. También destacaron la dificultad de juzgar casos de abuso sexual, especialmente cuando las víctimas son menores.
Sin embargo, el juez A. James Craner enumeró una serie de debilidades en el caso del estado y concluyó que no había pruebas suficientes para mantener al político tras las rejas mientras espera el juicio. Fijó la fianza en $160,000 y eliminó la restricción que le prohibía estar cerca de menores, aunque mantuvo la condición de no contactar a la víctima menor ni a los testigos.
“Los hechos pueden desarrollarse con el tiempo, pero no puedo decir que exista una probabilidad sustancial de que el acusado haya cometido los delitos que son objeto de esta detención preventiva”, señaló el juez Craner.
La respuesta de los fiscales no se hizo esperar. En su moción de este martes, cuestionaron con dureza el fallo: “los agujeros que el tribunal consideró oportuno señalar en la considerable cantidad de evidencia de culpabilidad no se acercan a desactivar la probabilidad sustancial de que Caruso haya cometido los delitos”.
En el centro de la disputa está el umbral de “probabilidad sustancial”, el criterio que determina si un acusado puede ser liberado mientras enfrenta juicio. La fiscalía sostiene que el juez aplicó un estándar más alto, similar al de “duda razonable”, que suele reservarse para declarar la culpabilidad al final del proceso.
Según los fiscales, esa interpretación habría llevado al juez a restar valor a la descripción gráfica y repetida de la víctima menor sobre los abusos. En la moción, afirmaron que esas inferencias negativas “harían poco para derrotar la probabilidad sustancial de culpabilidad creada por la descripción repetida y gráfica de cómo Caruso lo abusó”.
El caso ha provocado que los líderes estatales se distancien de Caruso, considerado uno de los aliados más cercanos del gobernador en la legislatura. Ron DeSantis lo designó para el alto cargo de secretario del condado de Palm Beach en agosto pasado, después de un proceso de revisión que no detectó las acusaciones anteriores de abuso infantil.
Sin embargo, tras el arresto del 18 de agosto, DeSantis lo suspendió de inmediato y aseguró que no lo restituirá, incluso si es declarado no culpable.
Por su parte, la Oficina del Procurador General de Florida declinó hacer comentarios. Sin embargo, Jeremy Redfern, subjefe de gabinete del procurador general, calificó la decisión de conceder la fianza como una “orden indignante”.
El portavoz de Caruso, Juda Engelmayer, aseguró que la nueva moción “no presenta evidencia nueva”. Según Engelmayer, la petición le pide al mismo juez que escuchó los testimonios y evaluó a los testigos que reconsidere su decisión, a pesar de que ya determinó que el estado no estableció una probabilidad sustancial de culpabilidad.
“Seguimos confiando en el fallo del tribunal y en la inocencia de Mike”, dijo Engelmayer.
Durante la audiencia de la semana pasada, el estado presentó el testimonio de un agente especial del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), que detalló el alcance de las pruebas recopiladas contra Caruso. La defensa, por su parte, planteó dudas sobre si alguien recordaba que Caruso cambiara de ropa después del presunto incidente, cuántas veces la presunta víctima detalló lo ocurrido y la credibilidad de acusaciones anteriores de abuso sexual.
El juez Craner deberá pronunciarse sobre la moción del estado para reconsiderar su decisión. Si decide negarla y mantener la orden de liberación, los fiscales aún pueden presentar una apelación.
| Dato clave | Detalle |
|---|---|
| Acusado | Mike Caruso, secretario suspendido del condado de Palm Beach |
| Cargos | Secuestro y abuso sexual infantil |
| Fianza fijada | $160,000 |
| Juez | A. James Craner, condado de Orange |
| Condición vigente | No contactar a la víctima menor ni a los testigos |
| Próximo paso | El juez decidirá si reconsidera su orden de liberación |
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