Jueces federales de distintas filiaciones políticas, incluyendo nominados de Donald Trump, han intensificado sus advertencias sobre el «riesgo existencial» que representan las deportaciones masivas para la garantía del debido proceso, consagrada en la Quinta Enmienda.
Kilmar Abrego García: Deportado a El Salvador pese a una orden judicial de 2019 que lo protegía. La Corte Suprema calificó el acto como «ilegal», pero la administración se niega a repatriarlo.
Sering Ceesay: Detenido sin aviso en febrero tras 30 años en EE.UU. El juez Lawrence Vilardo ordenó su liberación inmediata, criticando la «falta de procedimiento mínimo».
«77 millones de estadounidenses nos dieron un mandato para deportar criminales ilegales» — Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca.
Stephen Miller, asesor clave de Trump, ha calificado las decisiones judiciales como un «golpe judicial» y sugirió evaluar la suspensión del habeas corpus.
Erwin Chemerinsky, decano de Berkeley Law, resume: «El debido proceso existe para evitar que el gobierno actúe al margen de la ley». Jueces como Stephanie Gallagher (Maryland) insisten: «No podemos saltarnos el proceso, aunque el resultado final sea previsible».
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