Activistas, abogados y funcionarios electos advierten sobre consecuencias catastróficas tras la decisión de la Corte Suprema que revoca protecciones migratorias para 500,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV), muchas radicadas en el sur de Florida.
El máximo tribunal avaló la solicitud de la administración Trump para eliminar el programa de libertad condicional humanitaria creado durante el gobierno de Biden. Este programa protegía a migrantes de los cuatro países mencionados de posibles deportaciones.
Kenny Francois, director del Centro Comunitario LETS en Miami Gardens, expresó su consternación:
«Era la única esperanza que tenía la gente. Ahora se enfrentan al regreso a países con violencia extrema y crisis humanitarias»
La congresista Frederica Wilson calificó el fallo de «cruel e inhumano«, subrayando que «deportarlos es una sentencia de muerte«. Su colega María Elvira Salazar instó al gobierno a conceder Salida Forzosa Diferida para evitar retornos a contextos violentos.
Orlando Valecillos, migrante venezolano en Homestead, resume la angustia colectiva: «Si no podemos quedarnos aquí, ¿a dónde iremos? Hay tanta incertidumbre«. Mientras, Vanessa Ayala, residente venezolana, lamenta el impacto en trabajadores que «vinieron a trabajar y siguen las reglas«.
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