Las comunidades inmigrantes del sur de Florida enfrentan incertidumbre tras revelarse un memorándum de la administración Trump que permite deportar migrantes a países distintos al suyo con solo 6 horas de aviso, incluso cuando esas naciones no garantizan seguridad.
La política, establecida en un memorándum del 9 de julio por Todd Lyons, director interino de ICE, expande las deportaciones a terceros países. Abogados y defensores de derechos humanos la consideran una de las tácticas más extremas bajo la administración de Donald Trump.
«Es un caño lo que están creando. Seis horas no son suficientes para preparar defensa legal»
– Elizabeth Amaran, abogada de inmigración de Miami
La región, hogar de grandes diásporas cubana, venezolana, nicaragüense y haitiana, es particularmente vulnerable. Muchos inmigrantes están en limbo legal con casos de asilo pendientes o órdenes de deportación no ejecutadas.
La administración Trump defiende la política como herramienta necesaria para deportar inmigrantes no autorizados. Sin embargo, datos de abogados muestran que la mayoría de afectados no tienen antecedentes penales. Elizabeth Amaran reveló que de 14 detenidos recientes, solo 3 tenían registros.
Tras una decisión de la Corte Suprema en junio que levantó una restricción sobre estas deportaciones:
La jueza Sonia Sotomayor advirtió en su disidencia que la política pone en riesgo «miles de vidas».
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