Hace un mes, el juez federal Brian M. Cogan de Nueva York escuchó argumentos sobre la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos. La administración Trump defendió su autoridad exclusiva para finalizar el programa, mientras abogados de inmigrantes solicitaron frenar la medida.
Mientras el juez retrasa su decisión inicialmente prevista para junio, más de 500,000 inmigrantes haitianos enfrentan incertidumbre. Abogados alertaron que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, incumplió la publicación del aviso de 60 días en el Registro Federal el 3 de junio, necesario para activar el plazo de terminación del 3 de agosto.
«Empleadores que necesitan trabajadores después del 3 de agosto no esperarán decisiones secretas», argumentaron los demandantes. Algunos titulares ya recibieron permisos laborales con la fecha límite impresa.
La demanda, presentada en marzo por una organización religiosa haitiana y un sindicato nacional, acusa a la administración Trump de violar la ley migratoria al omitir revisiones periódicas y actuar con motivos racistas. Previamente, el gobierno Biden había extendido el TPS hasta el 3 de febrero de 2026 citando violencia pandilleril y crisis política en Haití.
Una decisión adversa afectaría a 521,000 haitianos, muchos radicados más de una década en EE.UU., forzándolos a retornar a un país donde:
El beneficio se implementó tras el terremoto del 12 de enero de 2010 en Haití. Permite residencia y trabajo legal temporal mientras persistan condiciones peligrosas en el país de origen.
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