Por más de una década, el Estatus de Protección Temporal (TPS) ha permitido a más de 300,000 haitianos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Este martes, esa protección está programada para expirar, una decisión de la administración Trump que, según defensores de inmigración, ignora la realidad de un Haití azotado por crisis y amenaza con desestabilizar familias y economías locales.
Marie, una madre soltera de 52 años, es una de las afectadas. Con una hipoteca de $2,896 al mes, dos hijos ciudadanos estadounidenses y un trabajo a dos horas de distancia en un casino del sur de Florida, su vida pende de un hilo. «Todo depende de poder trabajar», confiesa, temerosa de los agentes de ICE.
Ella es una de las 12,000 propietarias de viviendas en Florida que tienen TPS, de un total estimado de 63,000 a nivel nacional. «No sé si me ahogaré o recibiré un salvavidas», expresa, reflejando una sensación de impotencia compartida por miles.
Florida alberga la mayor concentración de titulares de TPS haitianos, con un estimado de 158,000 personas, de las cuales al menos 93,000 están en la fuerza laboral, según un análisis de FWD.us. Tessa Petit, directora ejecutiva de la Florida Immigrant Coalition, advierte que su remoción representaría la pérdida de miles de millones en impuestos federales, estatales y locales.
«Somos contribuyentes significativos en muchas industrias de Florida, especialmente en hospitalidad y restaurantes. No somos una amenaza para Estados Unidos. Merecemos protección», afirma Petit.
Los haitianos con TPS son dueños de viviendas con un valor combinado de $19 mil millones a nivel nacional.
La administración argumenta que Haití es seguro para el retorno, pero los datos contradicen esta postura: el año pasado, la violencia de pandillas resultó en más de 8,000 muertes y 8,100 agresiones sexuales documentadas.
Marlene, una limpiadora de 61 años en el aeropuerto de Fort Lauderdale-Hollywood, vive con pánico constante. «Cada vez que veo un coche de policía, entro en pánico», relata. Su familia, incluidos su esposo y dos hijos adultos, todos con TPS, compran una casa con una hipoteca de $2,600 mensuales. «Estoy respirando, pero no estoy viviendo», dice.
Defensores como Helene O’Brien, directora estatal de 32BJ SEIU, apoyan una petición para forzar un voto en el Congreso que proteja a los haitianos. La medida requiere 218 votos, una posibilidad remota pero necesaria. «Es un territorio inexplorado. Tenemos que inclinarnos y luchar», afirma O’Brien.
Acciones como vigilias en el aeropuerto y eventos de prensa buscan visibilizar este «tragedia de la vida humana».
Wood, una profesora universitaria y chef personal de 32 años, gastó más de $10,000 en honorarios legales buscando una visa especial. A pesar de sus esfuerzos, se vio obligada a detener su solicitud. «Es aterrador. Algunos días me siento muy entumecida», comparte, mientras mantiene la fe en un cambio.
La comunidad haitiana, que ha cumplido con la ley, pagado impuestos y echado raíces, enfrenta ahora una encrucijada desgarradora: quedarse sin autorización legal o regresar a un país que muchos ya no reconocen como seguro.
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