Desde agosto, Angela Della Valle, una ciudadana estadounidense de 49 años, ha recorrido el país luchando por la liberación de su esposo de 23 años, Carlos Della Valle, de un centro de detención migratoria. Su caso ejemplifica la angustia que viven las familias de estatus mixto bajo las estrictas políticas de inmigración.
Carlos, un inmigrante mexicano de 50 años sin antecedentes penales que ha vivido y trabajado en Estados Unidos por casi 30 años, vio negada su solicitud de libertad condicional humanitaria. Las autoridades de ICE argumentaron que no había establecido «satisfactoriamente» que no era un «riesgo de fuga», acercándolo a la deportación a Guerrero, México.
«Este es el tipo que se entregó a ICE y luego ha soportado una detención prolongada voluntariamente», afirma Angela, quien no comprende la decisión cuando las autoridades tienen su pasaporte.
Estas familias, donde un cónyuge es ciudadano y el otro carece de estatus legal, viven bajo la sombra de la detención indefinida o la deportación. El Departamento de Seguridad Nacional estimó en 2024 que 765,000 no ciudadanos que llevan más de 20 años en EE.UU. sin estatus legal están casados con un ciudadano estadounidense. Muchos, como Angela y Carlos, tienen hijos nacidos en el país.
Expertos como Royce Murray, ex subsecretaria de política fronteriza, explican la diferencia de enfoque. Bajo la administración Biden, ICE se centraba en remover a quienes representaban un riesgo público. Bajo el mandato de deportación masiva de Trump, los arrestos y remociones se guían por cuotas, usando la detención prolongada para presionar a las personas a auto-deportarse.
«Si tu objetivo es que la mayor cantidad de personas posible se vaya, mantener a alguien detenido cuando tiene una vida establecida aquí y realmente no es un riesgo de fuga parece estar diseñado para presionar a la gente a que se vaya, a que se rinda», señaló Murray.
Aunque ICE denegó la libertad condicional, la agencia dejó abierta la puerta a presentar más documentación. La familia está apelando la decisión del juez y solicitando otra medida humanitaria.
Ashley DeAzevedo, directora de American Families United, aclara un malentendido común: «Casarse con un ciudadano estadounidense no cura automáticamente tus problemas». Solo hay un camino a la ciudadanía si la entrada fue legal. Para quienes entraron sin autorización, no hay vías disponibles a menos que el Congreso actúe.
Una encuesta de diciembre de 2025 reveló que el 80% de las familias mixtas encuestadas habían considerado dejar el país desde enero de ese año.
El grupo de defensa presiona por la aprobación de la Ley Dignidad, presentada en julio por la representante republicana por Miami, Maria Elvira Salazar. El proyecto busca un camino legal para inmigrantes con raíces profundas en EE.UU. y sin historial criminal.
«Ninguna familia estadounidense debería tener que despertar cada día con el temor de ser separada. Aún así, esa es la realidad de Carlos y Angela, y de miles de otras familias estadounidenses hoy», declaró Salazar.
Frente a la oferta del DHS de $2,600 y un vuelo gratuito para auto-deportarse, Angela Della Valle tiene clara su postura. Ella agotará todas las vías legales para mantener a su familia unida.
«Hemos llegado demasiado lejos, no vamos a mirar atrás para nada», sentenció Angela, encapsulando la resiliencia de miles de familias atrapadas en el mismo limbo migratorio.
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