Tiffany Carr, quien durante años supervisó el sistema de ayuda a víctimas de violencia doméstica en Florida, se declaró culpable el lunes de fraude organizado y mala conducta oficial. Su papel en un esquema para defraudar al estado de millones de dólares destinados a servicios para víctimas ha culminado en un acuerdo judicial que le permite evitar la prisión.
Como parte del acuerdo de declaración, Carr no cumplirá tiempo en cárcel. A cambio, se comprometió a testificar contra su ex subordinada, Patricia Duarte, cuyo juicio está programado para finales de mes. La sentencia de Carr se determinará después del juicio de Duarte, y su declaración de culpabilidad está condicionada a su cooperación en dicho proceso.
La investigación reveló que Carr recibió un paquete compensatorio de $7.5 millones, que incluía un salario de $761,000 y casi $5 millones en tiempo libre pagado. Tras una investigación de la Cámara de Representantes, la Legislatura de Florida canceló el contrato con la Florida Domestic Violence Coalition, que Carr dirigía y que actuaba como intermediaria para subvenciones federales a 42 refugios en el estado. El estado recuperó $5 millones.
Carr renunció en 2019, citando problemas de salud, y fue arrestada en 2023 junto con Duarte, la ex directora financiera de la coalición. Se les acusó de estafar a la organización mediante la creación de puestos falsos, informes trimestrales fraudulentos y cantidades excesivas de tiempo libre pagado.
El juez Stephen Everett del condado de Leon reconoció haber recibido cartas de defensores de víctimas de violencia doméstica que instaban a rechazar el acuerdo por considerarlo demasiado indulgente con Carr. El fiscal estatal Guillermo L. Vallejo defendió la resolución, citando la falta de antecedentes penales de Carr y, «más importante, el hecho de que ha accedido a convertirse en testigo del estado».
«Ella será una delincuente convicta. Tendrá libertad condicional. Habrá consecuencias. Hay una multa administrativa considerable», afirmó Vallejo durante la audiencia.
En una carta citada en la corte, Meg Baldwin, ex directora ejecutiva de un refugio para violencia doméstica en Big Bend, describió el daño «inmediato y severo» al programa estatal. Estimó que al menos 16,000 servicios directos a víctimas, como llamadas a líneas de crisis o alojamiento, podrían haberse desviado debido al esquema financiero.
«Nunca sabremos las vidas que podrían haberse salvado, y las historias de éxito que podrían haberse contado, si las víctimas hubieran recibido estos servicios, porque el dinero no estaba allí para hacer posibles esos nuevos capítulos», escribió Baldwin al juez.
El abogado de Carr, Christopher Kise, argumentó que «no hay dinero desaparecido porque el estado fue reembolsado», en referencia a un acuerdo civil separado. Sin embargo, los defensores insisten en que el impacto reputacional y financiero perdura.
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