Doral y el programa 287(g): Un giro en la aplicación de leyes migratorias
Este miércoles, el Concejo Municipal de Doral podría autorizar un acuerdo con ICE mediante el programa 287(g), permitiendo a la policía local realizar funciones limitadas de control migratorio. Esta decisión alinea a la «Pequeña Venezuela» de Estados Unidos con los esfuerzos de deportación masiva de la administración Trump.
Detalles clave del acuerdo:
- Funciones policiales: Interrogatorios, detenciones y procesamiento de presuntos infractores migratorios
- Contexto estatal: Florida lidera con más de 100 acuerdos similares activos
- Municipios adheridos: Coral Gables, Hialeah y Miami Springs, entre otros
La paradoja venezolana
Mientras el Concejo promueve este acuerdo, simultáneamente respalda el Venezuelan Adjustment Act que busca dar residencia permanente a miles de connacionales. El concejal Rafael Pineyro, único venezolano-estadounidense en el cuerpo legislativo, afirma: «El objetivo no es detener personas por su apariencia».
Datos demográficos clave:
- 70% de la población es extranjera
- 1 de cada 3 residentes es venezolano
- 30% del electorado local es de origen venezolano
Impacto económico y social
La posible revocación del TPS afectaría a más de 600,000 venezolanos, con efectos devastadores en Doral: «Podría colapsar la economía local y desestabilizar familias», advierten autoridades.
Resistencia y controversias:
- South Miami cuestiona la obligatoriedad legal de estos acuerdos
- Organizaciones como el Venezuelan American Caucus denuncian ruptura de confianza comunitaria
- Preocupaciones por posibles perfiles raciales históricamente asociados al 287(g)