Farah Larrieux nunca imaginó que tendría que dejar su natal Haití, donde forjó una exitosa carrera como personalidad de radio y televisión. Sin embargo, la inestabilidad política, la corrupción y la violencia de pandillas la llevaron a Miami en 2005, donde construyó una nueva vida. Hoy, ella es una de los cientos de miles de haitianos sumidos en un limbo migratorio tras el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para su comunidad.
La decisión, que entrará en vigor el 3 de febrero de 2026, podría afectar a más de medio millón de haitianos que viven en Estados Unidos. La medida ha desatado una ola de indignación y movilización en el sur de Florida.
Activistas comunitarios se reunieron en el Little Haiti Cultural Complex para condenar la decisión de la administración Trump. «Esta es la decisión más injusta, cruel e intencionalmente dañina que la Secretaria Noem ha tomado», afirmó Tessa Petite, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
Informes recientes pintan un panorama sombrío: pandillas armadas controlan hasta el 90% de la capital, Puerto Príncipe, y se expanden a regiones rurales. Más de 1.4 millones de personas han sido desplazadas y más de 4,000 han muerto este año a causa de la violencia.
«DHS reconoció que ciertas condiciones en Haití siguen siendo preocupantes. A pesar de esa admisión y a pesar del conflicto que empeora y el terror diario que agobia a Puerto Príncipe, la Secretaria Kristi Noem concluyó que no hay condiciones extraordinarias o temporales», declaró Paul Christian Namphy, director político del Family Action Network Movement.
Vanessa Joseph, hija de inmigrantes haitianos y abogada, instó a los titulares de TPS a «no entrar en pánico, pero sí actuar». Aconsejó consultar con abogados de inmigración reputados para explorar otras opciones legales antes de que expire la autorización de trabajo el 3 de febrero de 2026.
«Para nuestra comunidad haitiana, especialmente aquellos con TPS, quiero que sepan que no son un problema por gestionar, no son una amenaza que deba ser contenida, son seres humanos que merecen dignidad», – Vanessa Joseph.
Tessa Petite destacó que los haitianos contribuyen con más de $4 mil millones anuales a la economía estadounidense. Por su parte, Marie Etienne, de la Asociación de Enfermeras Haitianas-Americanas, advirtió que la incertidumbre del TPS desestabiliza la fuerza laboral de salud, ya que miles de titulares trabajan como enfermeras, auxiliares y personal de apoyo en hospitales y comunidades desatendidas.
Esta es la segunda vez que la administración intenta terminar el TPS para haitianos. Una demanda anterior, liderada en parte por el abogado de Miami Ira Kurzban, bloqueó el intento. Kurzban, quien ahora forma parte de un grupo de abogados que demandan a la administración Trump, calificó la justificación del gobierno como «mentiras descaradas».
El exalcalde del condado Broward, Dale Holness, hizo un llamado a la acción: «No se queden callados, porque el silencio es lo que permite que este tipo de cosas sucedan».
Mientras tanto, Farah Larrieux, quien ha vivido en Estados Unidos por más de 20 años y obtuvo el TPS tras el terremoto de 2010, resume el sentimiento de muchos: «Toda mi vida adulta está en Estados Unidos. Y no me veo regresando a Haití ahora».
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