El 3 de agosto, la Agencia de Florida para la Administración de Atención Médica (AHCA) firmó una orden final que clausura para siempre Calvinelle South, una residencia de ancianos en Miami. El cierre pone fin a más de dos años de batalla legal, pero deja al descubierto un sistema que permitió que pacientes fueran enviados a un lugar declarado inseguro una y otra vez.
Billy Ray Corbin, de 63 años, murió el 5 de agosto de 2023, semanas después de una caída devastadora. Esa noche, 14 de mayo de 2023, Corbin caminaba de su habitación al baño cuando se desplomó boca abajo. Solo un cuidador estaba de turno para vigilar a 10 residentes. El hombre fue encontrado con el rostro ensangrentado, con la mandíbula fracturada en dos lugares, el brazo roto y una hemorragia cerebral que le costaría la vida.
Los registros médicos revelaron que Corbin había perdido más del 15% de su peso corporal en meses, estaba mareado y sufría caídas frecuentes. Un juez estatal concluyó más tarde que la negligencia en la supervisión y cuidado de Corbin provocó directamente sus caídas, lesiones y eventual muerte.
“La negligencia en la supervisión y cuidado de [Corbin] provocó directamente sus caídas, lesiones y eventual muerte”.
El caso no solo salpica a la residencia. Jackson Health, el sistema de salud financiado por los contribuyentes de Miami-Dade, pagó más de $35 millones a una empresa de Miami para trasladar a pacientes frágiles a centros de vida asistida. Esa empresa, Unlimited Senior Solutions, de Roxana Solano, es la misma que envió al menos 23 pacientes de Jackson a Calvinelle South entre 2020 y finales de 2025. De ellos, 13 fueron enviados después de la caída de Corbin, en un período en el que los inspectores ya documentaban quejas por hambre, maltrato y un edificio en mal estado.
Registros de Jackson analizados por este medio muestran que Solano transfirió 673 pacientes a residencias de Miami entre 2016 y julio de 2026. El 28% fueron a parar a su cadena Villa Serena. Calvinelle South era operada por Calvin Brown y Gayon Dunn, quienes recibieron al menos 125 pacientes de Jackson a través de Solano.
Desde 2014, los inspectores de salud habían documentado 63 violaciones en Calvinelle South, incluidas 10 infracciones graves. En 2020, la residencia pagó una multa de $8,500 tras permitir que un hombre con enfermedad mental y comportamiento agresivo permaneciera en el lugar, donde atacó a un cuidador. Las inspecciones también encontraron cucarachas, colchones sucios, agujeros en las paredes y falta de suministros básicos.
La muerte de Corbin aceleró el proceso de revocación, pero no lo detuvo de inmediato. En diciembre de 2023, el estado presentó una queja administrativa con 17 violaciones. Aun así, Jackson siguió enviando pacientes: 11 en total después de esa queja. El último paciente de Jackson fue trasladado a Calvinelle South en noviembre de 2025, ocho meses después de que un juez recomendara la revocación de la licencia.
En abril de este año, los reguladores estatales descubrieron que la residencia seguía operando sin licencia. Siete residentes fueron evacuados, cuatro de ellos pacientes de Jackson. Finalmente, el 3 de agosto, la AHCA firmó la orden de cierre definitivo.
El caso ha generado indignación. Kenneth Goodman, exdirector de bioética de la Universidad de Miami, calificó el contrato de Jackson con Solano como “completamente condenatorio”. Jackson Health, por su parte, emitió un comunicado en el que promete reforzar la supervisión de los centros donde coloca a sus pacientes. La abogada de Solano, Kristen Jackwin, defendió a su clienta: “Ha cumplido siempre con la ley, pone a los pacientes primero y los trata con respeto”. Sin embargo, para la familia de Corbin y los residentes que vivieron el abandono, el cierre de Calvinelle South es solo el final de una pesadilla que nunca debió ocurrir.
¿Qué sigue para Jackson Health? La cadena hospitalaria dice que revisará sus contratos y exigirá notificaciones inmediatas sobre cualquier queja o sanción en las residencias donde derivan pacientes. Mientras tanto, las familias de las víctimas piden una investigación más profunda sobre cómo se gastaron los fondos públicos y quién más podría ser responsable.
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