La familia del menor que alega haber sido abusado por el ex secretario de tribunales del condado de Palm Beach, Mike Caruso, esperaba proteger su identidad. Razonaban que vivir con los supuestos abusos ya sería bastante difícil; que otros lo supieran lo empeoraría todo.
Esa esperanza se desvaneció el martes. Poco después de que agentes del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida arrestaran a Caruso, la oficina del gobernador Ron DeSantis envió por correo electrónico masivo y publicó en internet el affidavit de arresto de ocho páginas, con detalles perturbadores de las acusaciones.
Solo se tachó el nombre del menor. Sin embargo, su relación con Caruso y el condado de residencia hacen que sea fácil deducir quién es. El documento contiene además otra información que permite identificar al niño y menciona acusaciones separadas de abuso sexual de otra persona.
En cuestión de horas, medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales comenzaron a publicar información sobre el menor y las acusaciones. La divulgación provocó la indignación de sobrevivientes de abuso sexual y defensores de víctimas, que la calificaron de innecesaria y cruel.
Según el affidavit difundido por la oficina del gobernador, Caruso, en tres incidentes, se expuso ante el menor, tocó los genitales del niño e introdujo su pene en la boca de la víctima. El menor tenía menos de 5 años en el momento de los hechos.
Caruso, a través de su abogado, dijo el miércoles que es inocente. Ese mismo día fue trasladado a la cárcel del condado de Orange. Fue arrestado el martes por la mañana por cargos de abuso sexual, secuestro, captación de un menor, exhibición lasciva y maltrato infantil, según su affidavit de arresto.
| Cargo | Clasificación |
|---|---|
| Abuso sexual | Molestation |
| Secuestro | Kidnapping |
| Captación de un menor | Luring and enticing a child |
| Exhibición lasciva | Lewd and lascivious exhibition |
| Maltrato infantil | Child abuse |
Bajo la ley de Florida, “cualquier información que pueda revelar la identidad de una persona que sea víctima de un delito sexual” está exenta de los registros públicos y puede ser redactada. La enmienda constitucional Marsy’s Law de 2018 otorga a las víctimas el derecho a impedir la divulgación de información o registros que puedan utilizarse para localizarlas o acosarlas, a ellas o a sus familias.
La Corte Suprema de Florida determinó en 2023 que el anonimato no está garantizado, pero los legisladores estatales y DeSantis promulgaron en abril una ley para fortalecer esa disposición. La norma creó una exención de registros públicos para que las agencias gubernamentales pudieran retener información que identifique a las víctimas. Sin embargo, el gobernador no pareció aplicar las exenciones recién ampliadas al menor que presuntamente fue víctima de Caruso.
El abogado Spencer Kuvin, quien ha representado a víctimas de Jeffrey Epstein, dijo que el caso saldrá a la luz cada vez que alguien busque información básica sobre el niño. “No había necesidad de que la oficina del gobernador incluyera el documento completo al anunciar la suspensión de Caruso”, opinó.
“Esto causará trauma a la víctima por el resto de su vida, no solo ahora. A medida que crezca, estará vinculado para siempre a estas acusaciones.”
Lisa Haba, abogada de la víctima, calificó las revelaciones de “aberrantes” en un comunicado inicial y dijo el miércoles que, incluso si parte de la información se divulga como parte del proceso legal, agradece a quienes la manejan con discreción. “Una víctima, especialmente un niño, merece privacidad”, afirmó.
En medio de la sobreexposición, algunos lectores se mostraron ofendidos. “Mi corazón está roto por este niño. Su identidad debería haberse mantenido en secreto”, comentó una mujer en una publicación de Facebook sobre el caso.
La Fiscalía General de Florida remitió las preguntas sobre las redacciones a la oficina del gobernador. El vocero Alex Lanfronconi señaló que la oficina de DeSantis había consultado con la Fiscalía General sobre las redacciones y “mantiene que cumplió con la ley de Florida aplicable”.
La exsenadora estatal demócrata Lauren Book, quien busca volver a ocupar el cargo, dijo que lloró el martes por la noche al pensar en lo que esto significa para la víctima. “Me sentí profundamente afectada porque a mí me pasó lo mismo”, confesó. Book fue víctima de abuso sexual infantil; su agresora, la niñera de la familia, fue condenada a prisión.
Debido a que es hija del influyente cabildero Ron Book, presidente del Homeless Trust del condado de Miami-Dade, la historia se difundió por todas partes. Book recordó que en la escuela la llamaban de todo. Calificó la divulgación de “repugnante” y “horrible”, y aseguró que tendrá un “efecto congelador” en otras víctimas que consideren denunciar.
“Esto fue una revictimización completa de este niño y de esta familia, de una manera completamente innecesaria.”
Book también afirmó que los medios “tenían la responsabilidad de proteger la identidad de ese niño” y no deberían haber difundido “pornografía del trauma” por todas partes.
El Código de Ética de la Sociedad de Periodistas Profesionales, el código ético más citado del periodismo, pide a los periodistas “mostrar compasión por quienes puedan verse afectados por la cobertura informativa”, especialmente menores de edad y víctimas de delitos sexuales. También pide reconocer que el acceso legal a la información difiere de la justificación ética para publicarla.
Dan Axelrod, presidente del Comité de Ética de la SPJ, lo resumió así: “Como todos esperamos aprender cuando somos niños, “poder” no significa “deber””.
Kuvin, por su parte, advirtió que estas divulgaciones forman parte de un problema más amplio en el mundo legal, donde los funcionarios del poder ejecutivo tienden a “olvidar a las víctimas”. “Todo lo que les importa es enjuiciar a los criminales y olvidan que hay víctimas involucradas en todo el proceso y que tienen derechos. Esto es un trauma irreversible”, concluyó.
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