En el marco de procesos electorales, las amenazas contra funcionarios públicos se han convertido en una preocupación creciente, vinculada al aumento de renuncias que afectan la administración y la democracia.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala ha identificado la coacción contra la libertad política como un delito electoral grave. Según su definición:
Este tipo de coacciones y amenazas directas contribuyen a un aumento en las renuncias de funcionarios públicos durante elecciones, creando vacíos de poder y desestabilizando instituciones clave.
La protección de los funcionarios y el respeto a los derechos políticos son esenciales para garantizar procesos electorales libres y justos.
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