Por años, las llamadas al Ayuntamiento de Hialeah y al Departamento de Policía han contado una historia familiar: residentes, muchos de ellos ancianos, describen edificios en deterioro, problemas de mantenimiento sin resolver y juntas de condominio que, según ellos, no responden, generando preocupaciones sobre el cuidado de las propiedades, informes financieros, fraudes y otros posibles actos indebidos.
En respuesta a las crecientes preocupaciones, el alcalde Bryan Calvo firmó una orden ejecutiva el miércoles creando el Condominium and Homeowners Association Advisory Task Force (CHAT). Esta iniciativa, anunciada en una conferencia de prensa, está diseñada para ayudar a los residentes a navegar disputas y conectarse con reguladores estatales, brindando orientación y apoyo en situaciones donde la mala gestión de las juntas deja a los residentes en desventaja.
La escala del problema en Hialeah es significativa. La ciudad alberga 26,055 condominios, lo que la convierte en uno de los municipios más densos en este tipo de propiedades del condado Miami-Dade. Miles de residentes, muchos de ellos adultos mayores con ingresos fijos, viven bajo el gobierno de juntas que controlan las reglas de sus comunidades.
Las preocupaciones sobre mala gestión y supuesta corrupción han surgido de múltiples propiedades en la ciudad. Luis Pedraza, un inversionista de Hialeah que posee varias unidades en un condominio, describió lo que él llama problemas de larga data en el edificio.
«La corrupción en este condominio específico ha estado ocurriendo durante más de tres años», afirmó Pedraza. «Una mujer se posicionó en una junta de tres personas, y durante ese tiempo no ha habido una sola reunión, no hay elecciones, no hay actualizaciones, nada».
Agregó que la junta siempre pedía aumentos en las cuotas de mantenimiento y que tomó un préstamo de más de $1 millón sin informar a nadie. También mencionó cheques por más de $12,000 para su hijo, menor de 15 años, por recoger basura, y cheques a su esposo por el mismo trabajo, sumando casi $90,000.
Pedraza dijo que los residentes han solicitado repetidamente copias de documentos financieros, a los que tienen derecho legalmente, sin éxito. «Lo que ella está haciendo es burlarse de la gente», dijo, añadiendo que el 90% de los residentes en esas unidades tienen más de 70 años.
El alcalde Calvo explicó que CHAT tiene dos objetivos principales: lanzar una campaña educativa informando a los residentes sobre sus derechos y los procedimientos de elección de juntas, y proporcionar una línea directa de comunicación entre los residentes y los investigadores estatales.
La ciudad organizará un evento el 16 de marzo a las 5 p.m. en el Milander Center. Los residentes de condominios o asociaciones de propietarios podrán reunirse directamente con personal estatal para presentar o discutir quejas, mientras que el personal de la ciudad estará disponible para brindar asistencia.
En los últimos años, el sur de Florida ha visto una serie de casos de fraude relacionados con asociaciones de propietarios, incluida una larga investigación criminal sobre el liderazgo de la comunidad The Hammocks en Miami-Dade, que resultó en varios arrestos. Estos casos subrayan que las juntas de asociaciones de propietarios, que ejercen un enorme poder sobre la vida diaria y las finanzas de los residentes, pueden operar durante años con un escrutinio mínimo.
A pesar de la creación de la nueva fuerza de tarea, la autoridad para investigar y sancionar a las juntas mal administradas sigue correspondiendo al estado. Sin embargo, para residentes como Pedraza, la promesa de una línea directa de ayuda representa un paso adelante.
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