La administración del presidente Donald Trump presentó el viernes una apelación doble contra el fallo de una jueza federal que bloqueó la orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de terminar las protecciones contra la deportación para cientos de miles de haitianos.
Abogados del Departamento de Justicia pidieron a la jueza federal Ana C. Reyes en Washington, D.C., que levantara la suspensión de la orden del DHS, solicitando una decisión para el lunes. Paralelamente, interpusieron una apelación formal ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C.
La jueza Reyes programó una audiencia para el jueves para escuchar la solicitud del gobierno. Además, emitió una orden exigiendo al gobierno que explique, antes de las 10 a.m. del martes, si planea desplegar agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para comenzar a detener a titulares haitianos del Estatus de Protección Temporal (TPS) si se levanta la suspensión durante la apelación. La jueza solicitó esta explicación bajo juramento, especialmente para haitianos en Springfield, Ohio, y el sur de Florida.
El lunes, la jueza Reyes suspendió la orden del DHS que ponía fin al TPS para haitianos, programado para expirar a las 11:59 p.m. del martes. Su fallo protege a más de 300,000 haitianos, incluyendo al menos 158,000 residentes en Florida, de la deportación a su país en crisis mientras avanza una demanda interpuesta por cinco demandantes haitianos. Estos argumentan que sufrirían daños irreparables si son forzados a regresar.
En su fallo de 83 páginas, Reyes indicó que es probable que los demandantes tengan éxito en los méritos del caso. Concluyó que la secretaria del DHS, Kristi Noem, no siguió los requisitos legales al tomar la decisión, y que el resultado parecía predeterminado, citando comentarios de Noem en contra de inmigrantes haitianos y no blancos.
La administración Trump manifestó esta semana que «discrepa vehementemente» del fallo y consultaba con el Departamento de Justicia sobre los próximos pasos. La apelación no descarta una vía paralela para buscar una decisión de la Corte Suprema de EE.UU. que anule la orden de Reyes mientras el tribunal de apelaciones revisa el fondo de la demanda.
En mayo, por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema levantaron la suspensión de un juez federal que bloqueaba el plan del gobierno para cancelar protecciones de deportación y permisos de trabajo para cientos de miles de inmigrantes venezolanos. Abogados del gobierno citaron esta acción en su solicitud a Reyes, señalando que los jueces ya se han pronunciado sobre casos similares.
Defensores y funcionarios electos en todo EE.UU. han pedido a la administración Trump que revierta la decisión de terminar el TPS para haitianos, citando la violencia generalizada en Haití impulsada por pandillas que la administración ha etiquetado como terroristas extranjeras globales. También argumentan que, contrario a las afirmaciones de Noem de que mantener a haitianos en EE.UU. no está en el interés nacional, la comunidad contribuye miles de millones a la economía estadounidense.
El TPS proporciona protecciones y permisos de trabajo a personas de países en crisis. Los haitianos recibieron por primera vez este estatus bajo el presidente Barack Obama tras el mortífero terremoto de 2010 que mató a más de 300,000 personas.
El martes, un vuelo de ICE devolvió a 132 nacionales haitianos a Haití. El avión aterrizó en Cap-Haïtien porque el aeropuerto internacional principal de Puerto Príncipe sigue inaccesible para vuelos estadounidenses debido a la violencia pandillera. Recientemente, pandillas dispararon contra dos aviones chárter con destino a Brasil mientras aterrizaban para recoger pasajeros.
La situación política en Haití permanece volátil. El sábado, el mandato del Consejo Presidencial de Transición de nueve miembros estaba programado para terminar, pero sin la transferencia planificada de poder a un presidente electo. Los esfuerzos de algunos miembros del consejo por permanecer en el poder y la incertidumbre política, con Haití acercándose a su tercera transición en cinco años, llevaron a la administración Trump a desplegar tres embarcaciones, incluido un destructor de la Marina, a la bahía de Puerto Príncipe.
Se espera que el consejo presidencial de transición transfiera el poder al primer ministro y un consejo de ministros, pero aún hay incertidumbres sobre quién liderará Haití antes de las elecciones generales planificadas para el 30 de agosto.
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