Suspensión del programa de seguridad en autobuses escolares de Miami-Dade: Problemas y propuestas
Seis meses después de que la oficina del Sheriff de Miami-Dade suspendiera el programa de cámaras de seguridad en autobuses escolares – una colaboración entre el distrito escolar, la oficina del sheriff y BusPatrol – el consejo escolar aún busca una solución para reactivarlo, mientras se enfrenta a un atasco de miles de multas impugnadas.
Detalles del programa y su implementación problemática
El programa fue aprobado por el consejo escolar de Miami-Dade en agosto de 2023 como una solución «llave en mano» ofrecida por BusPatrol. Su objetivo era instalar cámaras en los autobuses, emitir multas de $225 a conductores que no se detuvieran ante las señales de paro extendidas, y garantizar que los infractores pudieran impugnarlas en corte, mejorando la seguridad de los estudiantes.

Sin embargo, tras su implementación en mayo de 2024, surgieron problemas rápidamente. Conductores que recibieron multas no tenían una forma clara de impugnarlas, y en abril de 2024, el sheriff reveló issues adicionales, como números y montos de citación incorrectos, lo que llevó a la suspensión del programa.
Auditoría y fallos en la evaluación del programa
Una auditoría reciente del distrito escolar encontró que el programa no fue evaluado adecuadamente y no estableció la comunicación necesaria entre las agencias involucradas. Además, el distrito no investigó problemas previos con la implementación de BusPatrol en Nueva York y Pennsylvania, documentados públicamente antes del contrato de 2023. Aunque no se violaron políticas, los auditores recomendaron una evaluación más rigurosa para contratos generadores de ingresos.
Propuesta para resolver el atasco de multas
En una reunión del comité, el miembro del consejo escolar Danny Espino propuso contratar a la División de Audiencias Administrativas de Florida, con sede en Tallahassee, para manejar las 8,600 impugnaciones pendientes de manera virtual, un modelo ya usado en el condado de Hillsborough. La propuesta, que será votada el 8 de octubre, también crearía un fondo dedicado para rastrear los ingresos y costos del programa.
Divisiones en el consejo escolar sobre costos y futuro
- Steve Gallon apoyó la propuesta solo para limpiar el atasco, no para revivir el contrato.
- Luisa Santos sugirió esperar hasta julio de 2026, cuando las multas expirarían, estimando un costo de al menos $300,000 para las audiencias.
- Monica Colucci mencionó quejas de constituyentes y que el distrito debería asumir los costos, excepto las tarifas judiciales individuales.
El superintendente Jose Dotres advirtió sobre la precaución al prometer cubrir los costos administrativos: «Tenemos que ser muy cautelosos al decir que vamos a asumir el costo».
Influencia de lobbistas y conexiones políticas
Mientras tanto, BusPatrol ha contratado a dos lobbistas bien conectados: David Custin, quien trabajó como consultor político para Espino y la miembro del consejo Mary Blanco en sus campañas de 2024, y Tania Giselle Cruz-Gimenez, involucrada en la campaña exitosa del Sheriff Rosie Cordero-Stutz. Registros de financiamiento de campaña muestran que Espino pagó al menos $56,411 a la firma de Custin, mientras que Blanco pagó $106,220.
En un comunicado, BusPatrol afirmó su compromiso de asociarse con el distrito y el sheriff para garantizar el debido proceso para los conductores.

Próximos pasos y expectativas
Espino, el mayor defensor del programa, expresó esperanza de que el nuevo proceso de audiencias administrativas «podría proporcionar al sheriff la seguridad de que hay un mecanismo para impugnar» las multas. Sin la participación del sheriff, el programa no puede reinstaurarse, dejando su futuro en el aire hasta la votación del 8 de octubre.