Una coalición de grupos de la sociedad civil venezolana, defensores de derechos humanos y organizaciones ambientales ha emitido una contundente advertencia: el proyecto de Ley Orgánica de Minería que se debate en la Asamblea Nacional podría «institucionalizar el ecocidio» y facilitar el lavado del llamado «oro sangriento».
La discusión del proyecto legislativo avanza en un escenario dramáticamente alterado tras la captura del ex fuerte hombre Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero, en una redada de fuerzas estadounidenses en Caracas. Este evento desencadenó una frágil transición política que ahora está siendo moldeada por la administración Trump, inaugurando una nueva era de cooperación entre Washington y el liderazgo socialista remanente en Venezuela.
Como parte de esta realineación económica, los sectores del petróleo y la minería se están abriendo cada vez más a las empresas estadounidenses.
En una declaración pública fechada el 23 de marzo, más de una docena de organizaciones venezolanas denuncian que el proyecto de ley avanza en medio de «violaciones sistemáticas de los derechos sociales y ambientales» y un debilitamiento del marco constitucional y legal del país.
Lejos de fortalecer la supervisión, advierten que la normativa daría «una apariencia de legalidad al saqueo sistemático en curso del Amazonas y el Escudo Guayanés». Los daños ya son abrumadores: según SOS Orinoco, entre 2000 y 2024 la minería y actividades relacionadas han devastado más de 2.7 millones de acres.
Las organizaciones apuntan directamente al concepto de «Minería Ecológica de Desarrollo» incluido en el proyecto, tildándolo de engañoso. Argumentan que la minería de oro es «intrínsecamente destructiva» y que esta noción enmascara el daño a la biodiversidad y las cuencas hidrográficas bajo una falsa promesa de sostenibilidad.
Otras preocupaciones clave incluyen:
Más allá del medio ambiente, las condiciones en las zonas mineras se han deteriorado bruscamente. Los reportes describen turnos extenuantes de 12 horas sin equipo de protección, acuerdos laborales coercitivos que se asemejan a la servidumbre por deudas y violencia generalizada controlada por grupos armados.
Situación particularmente alarmante: la presencia de niños desde los 10 años trabajando en condiciones peligrosas, privados de escolarización y expuestos a la explotación.
El uso de mercurio, prohibido en Venezuela pero aún prevalente, contamina los ríos y expone a trabajadores y comunidades a efectos tóxicos severos en los sistemas nervioso, digestivo e inmunológico. Estudios en el estado Bolívar han encontrado altos niveles de exposición, incluso en mujeres y niños.
El proyecto de ley también es criticado por no garantizar plenamente estándares internacionales como el consentimiento libre, previo e informado para comunidades indígenas, ni abordar adecuadamente la demarcación de territorios ancestrales.
Un punto crítico adicional es la creación de una «Guardia Nacional Minera» bajo el control de la Guardia Nacional Bolivariana. Las organizaciones señalan que esto formalizaría la militarización de las zonas mineras, históricamente asociada a abusos de derechos humanos, corrupción y economías ilícitas.
La coalición, que incluye a SOSOrinoco, Provea, Fundaredes y el Observatorio Venezolano de Ecología Política, hace un llamado a pausar el debate e incorporar en el texto:
«El oro de Venezuela no vale la vida de nuestros ríos, bosques y comunidades», concluye la declaración.
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