El doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudió el centro-norte de Venezuela el pasado 24 de junio ha dejado un saldo trágico de 1,943 muertos, 10,571 heridos y 15,866 desplazados, según cifras oficiales. A seis días de la catástrofe, las críticas hacia la respuesta del gobierno interino de Delcy Rodríguez se intensifican mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que se han registrado 689 réplicas desde los sismos principales, aunque su frecuencia e intensidad están disminuyendo. “Debemos mantener la esperanza de que aún hay personas vivas bajo los escombros”, declaró. En una noticia alentadora, un niño de dos años fue rescatado con vida en Los Corales, estado La Guaira, tras casi 140 horas sepultado. Otro rescate similar ocurrió el lunes, avivando la esperanza de más “milagros”. Sin embargo, expertos advierten que la ventana crítica de 72 a 96 horas para encontrar sobrevivientes ya se ha cerrado, y las posibilidades se reducen drásticamente.
De acuerdo con el reporte oficial, 855 edificios resultaron dañados, de los cuales 189 colapsaron totalmente; 158 de estos se concentran en La Guaira. Sin embargo, un análisis preliminar de la NASA basado en imágenes satelitales estima que hasta 58,870 edificaciones podrían haber sufrido daños o destrucción total en la región afectada, desde Caracas hasta Puerto Cabello. La cifra supera ampliamente los conteos gubernamentales, lo que sugiere una devastación a mayor escala.
El gobierno reporta el despliegue de 3,660 rescatistas extranjeros de 51 delegaciones, junto a 26,000 efectivos venezolanos y 15,467 voluntarios. Se han habilitado 69 refugios y distribuido 3.19 millones de litros de agua, mientras se restablece gradualmente el servicio eléctrico en La Guaira. No obstante, en comunidades como El Junquito, los residentes denuncian una asistencia gubernamental escasa. “Esperamos respuestas, limpieza de escombros, inspecciones”, declaró a Reuters Keily Ibarra, manicurista de 33 años que organiza quejas ciudadanas. “Que hagan lo que hay que hacer”, exigió.
La percepción de que la ayuda ciudadana es más rápida y efectiva que la respuesta oficial representa un creciente riesgo político para el gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en enero tras la captura de Nicolás Maduro. La tensión aumentó cuando la opositora María Corina Machado denunció que las autoridades le impidieron reingresar al país desde Panamá para ayudar a las víctimas.
Analistas señalan que la catástrofe expone fallas estructurales profundas: la ausencia de códigos de construcción sólidos, el deterioro de la infraestructura y la decadencia institucional heredada de los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro. Por ahora, los venezolanos se concentran en sobrevivir, buscando familiares, medicinas y alimentos. Pero muchos temen que las réplicas políticas del desastre sean tan desestabilizadoras como el propio terremoto.
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