A más de una semana del devastador terremoto que sacudió la costa caribeña de Venezuela, las fuerzas de seguridad han restringido severamente el acceso a partes de La Guaira, en medio de acusaciones de que las autoridades están protegiendo escondites de oro, armas y efectivo, según personas familiarizadas con la situación. Mientras tanto, equipos de rescate internacionales denuncian obstáculos que podrían estar costando vidas.
Según el último balance del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el número de fallecidos asciende a 2,295, con 11,267 heridos. Más de 6,000 personas han sido rescatadas con vida de entre los escombros, pero miles aún continúan desaparecidos. Al menos 855 edificios colapsaron en todo el país, de los cuales 158 se encuentran en La Guaira, una de las zonas más afectadas.
Una fuente cercana a la situación informó que miembros de la Guardia Nacional, acompañados de personal armado y trabajadores, ingresaron a las áreas afectadas durante operaciones nocturnas en los días posteriores al terremoto para retirar lo que describieron como escondites ocultos. Un video proporcionado por un testigo muestra maletas y bolsas llenas de dólares estadounidenses, así como pesadas cajas de madera que requerían cuatro personas para transportarlas. El testigo cree que las cajas contenían oro, aunque no se pudo confirmar su contenido.
La fuente también afirmó que las autoridades bloquearon el acceso a tramos de la costa entre Camurí y Chirimena, incluyendo el área de Toasana en La Guaira, impidiendo la entrada de civiles y, en algunos casos, de equipos de rescate. “Creen que hay algo muy grave allí porque toda la zona ha sido sellada”, dijo la persona.
Según el relato, un piloto de helicóptero que regularmente vuela a una residencia en la zona restringida recibió autorización para salir de Caracas, pero fue obligado por los controladores aéreos del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar a regresar antes de llegar al área, a pesar de que transportaba alimentos y suministros médicos. “El área está completamente prohibida. No se permite la entrada a nadie”, le dijeron las autoridades al piloto.
En una entrevista por separado, otra fuente con experiencia en investigaciones de inteligencia sobre funcionarios venezolanos señaló que las autoridades se centran en un grupo de casi 190 edificios residenciales en La Guaira, que según él han sido utilizados durante años por redes vinculadas a colectivos progubernamentales y figuras cercanas al chavismo. Afirma que estos edificios servían como parte de una red de manejo ilícito de efectivo, donde los operadores compraban dólares con bolívares y almacenaban grandes sumas en cajas fuertes ocultas.
Cada edificio contendría una o dos cajas fuertes con entre $100,000 y más de $1 millón, dependiendo del volumen de transacciones. Al menos cinco de esas cajas fuertes ya habrían sido recuperadas de estructuras dañadas por el terremoto y trasladadas a lugares no revelados.
La misma fuente indicó que algunas áreas restringidas podrían contener instalaciones de almacenamiento de drogas y compartimentos ocultos conectados con rutas de tráfico marítimo. Las operaciones más sensibles se llevarían a cabo de noche, con vigilancia mediante drones durante el día y la limpieza de civiles y rescatistas antes de la llegada de camiones.
Estas acusaciones se enmarcan en el largo historial de denuncias contra el llamado Cartel de los Soles, una red de tráfico de drogas en la que estarían implicados altos mandos militares y políticos venezolanos. Aunque Nicolás Maduro fue capturado a principios de año, varios individuos sancionados por Estados Unidos, como el ministro del Interior Diosdado Cabello y el exministro de Defensa Vladimir Padrino López, continúan en el poder bajo el liderazgo interino de la presidenta Delcy Rodríguez.
Un rescatista extranjero que trabajaba en La Guaira le dijo a la fuente que se sintió intimidado después de que el personal de seguridad inspeccionara sus teléfonos y monitoreara los movimientos de los trabajadores de rescate. En un edificio colapsado, rescatistas extranjeros fueron empujados físicamente al intentar ingresar.
En una transmisión en vivo de YouTube, el rescatista mexicano Salomón Paniagua, miembro del equipo Topos, afirmó que sus perros detectaron posibles signos de vida en tres lugares de los escombros de la Residencia Gradisca, pero no se les permitió comenzar la búsqueda.
“Estamos preparados para trabajar las 24 horas del día hasta cumplir esta misión. Si nos dejan ayudar, ayudaremos”, declaró.
Días antes, el líder de Topos Chile, Francisco Lermanda, también acusó públicamente a las autoridades venezolanas de interferir con los esfuerzos de rescate, indicando que miembros de las fuerzas armadas se acercaron repetidamente a su equipo exigiendo identificación y documentación.
El martes, la periodista venezolana Melissa Páez publicó un video en redes sociales donde se ve a miembros del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) retirando dinero de los escombros del edificio Vallarta en Playa Grande. En las imágenes, Páez confronta a un oficial que lleva una bolsa y le exige que la abra; el oficial se niega y momentos después varios billetes de 100 dólares caen de la bolsa. Testigos gritan que el dinero no es evidencia ni pertenece a los oficiales.
Ese mismo día, las autoridades anunciaron la detención y expulsión de cuatro oficiales del CICPC identificados como Aguilar Reyes Maya, Fredy Rafael Lugo Oliveros, Roger Andrés Omaña y Josue Jhonatan Burgos Sánchez.
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, declaró el miércoles que la prioridad sigue siendo salvar vidas. “Estamos absolutamente enfocados, al 100%, en salvar vidas”, dijo en una conferencia de prensa conjunta con el Departamento de Estado y el Comando Sur de EE.UU. Barrett indicó que Estados Unidos ha desplegado más de 310 especialistas en búsqueda y rescate, incluidos equipos de la Ciudad de Miami y el condado de Miami-Dade, como parte de una respuesta internacional de aproximadamente 4,000 rescatistas extranjeros.
Barrett agregó que las organizaciones humanitarias con las que ha hablado no han reportado problemas importantes para entregar suministros de ayuda, y que las autoridades venezolanas han cumplido con las solicitudes para acelerar las operaciones de emergencia.
Por su parte, las autoridades venezolanas han dicho que el acceso a algunas zonas afectadas por el terremoto se ha restringido debido a preocupaciones de seguridad, operaciones de rescate en curso y daños en la infraestructura. No han informado sobre el descubrimiento de escondites de efectivo, oro o armas, ni han comentado públicamente las acusaciones más amplias.
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