La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes el cierre de El Helicoide, uno de los centros de detención más notorios del país, emblema de abusos y torturas, que será convertido en un centro de servicios sociales y deportivos. Simultáneamente, confirmó que un proyecto de ley para una amnistía general para presos políticos será enviado a la Asamblea Nacional controlada por el régimen.
Los anuncios se realizaron durante una sesión solemne con motivo de la apertura del año judicial 2026 en el Tribunal Supremo de Justicia, en una ceremonia oficial cerrada a los medios.
“Hemos decidido que las instalaciones de El Helicoide, que hoy funcionan como centro de detención, serán transformadas en un centro social, deportivo, cultural y comercial para las familias policiales y las comunidades aledañas a este complejo”, declaró Rodríguez.
Previamente, había solicitado a la Asamblea Nacional que apruebe la ley de amnistía general “para promover la convivencia en Venezuela”. “Pido a todos que nadie imponga violencia o venganza, para que podamos vivir todos con respeto”, añadió.
El Helicoide es una masiva estructura de concreto en Caracas con forma de pirámide de tres lados, propiedad del Estado venezolano y utilizada desde hace mucho tiempo por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional como instalación de detención e interrogatorio para presos comunes y políticos. Concebido originalmente a fines de la década de 1950 como un ambicioso centro comercial, el proyecto nunca se completó y luego fue reutilizado por las fuerzas de seguridad.
Durante la administración del ex hombre fuerte Nicolás Maduro, El Helicoide se convirtió en uno de los símbolos más emblemáticos de la represión política en Venezuela. Ex detenidos y organizaciones de derechos humanos han documentado torturas sistemáticas y abusos graves dentro de la instalación, incluyendo palizas, descargas eléctricas, suspensión por las extremidades, posiciones de estrés prolongado y otros tratos degradantes.
Rodríguez no proporcionó un cronograma para el cierre o la conversión del sitio, pero afirmó que el gobierno está comprometido a transformarlo en un espacio de uso comunitario y a combatir la corrupción dentro del sistema de justicia.
Según Rodríguez, la iniciativa busca ir más allá de las liberaciones parciales que han tenido lugar desde principios de enero y podría beneficiar a cientos de presos políticos que permanecen encarcelados dentro del sistema judicial venezolano. La propuesta de ley de amnistía borraría los casos penales y condenas para los cubiertos, siendo una medida más amplia que las liberaciones realizadas hasta ahora. Excluiría a personas condenadas por homicidio, tráfico de drogas y delitos comunes.
Organizaciones no gubernamentales reportaron liberaciones adicionales de presos políticos. El grupo de derechos humanos Foro Penal informó el viernes que Arturo Gallino Rullier, con nacionalidades estadounidense y peruana, había sido liberado de la detención y viajaba a Estados Unidos. Gallino fue detenido el 29 de noviembre de 2025 y mantenido en la prisión El Rodeo I en el estado Miranda, al norte de Caracas.
Hasta el jueves, Foro Penal había confirmado la liberación de 302 presos políticos desde el 8 de enero, cuando las autoridades anunciaron la liberación de un “número significativo” no especificado de detenidos, días después de que una operación militar estadounidense capturara a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. El gobierno, sin embargo, dice que más de 600 prisioneros han sido liberados durante el mismo período.
Otras organizaciones de derechos humanos destacan que la mayoría de los liberados no disfrutan de libertad plena. Martha Tineo, coordinadora del grupo Justicia, Encuentro y Perdón, dijo esta semana que los ex detenidos siguen sujetos a medidas alternativas, incluyendo prohibiciones de salir del país, restricciones para hablar con los medios y comparecencias periódicas obligatorias ante los tribunales.
La presidenta interina afirmó que la decisión había sido discutida previamente con Maduro antes de su captura, y subrayó que el objetivo es fomentar el “respeto y la paz” en la sociedad venezolana.
Tras la aprehensión de Maduro por fuerzas estadounidenses, el gobierno socialista bajo Rodríguez ha tomado medidas —aunque a menudo lentamente— para alinearse con un plan de estabilización respaldado por Washington destinado a revivir la economía y el sistema político de Venezuela. Esas medidas incluyen la liberación de cientos de presos políticos y preparativos para permitir que empresas estadounidenses reingresen al sector petrolero venezolano con menos restricciones.
Durante años, el movimiento socialista gobernante ha utilizado a los presos políticos como moneda de cambio, en medio de un patrón de detenciones arbitrarias, liberaciones parciales e intercambios de prisioneros ligados a negociaciones políticas. Las organizaciones de derechos humanos han advertido que los nuevos arrestos continúan incluso mientras algunos detenidos son liberados.
Los anuncios se producen en medio de una tensión política elevada tras la captura de Maduro y las negociaciones domésticas e internacionales en curso sobre el futuro institucional de Venezuela.
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