Germán Rodolfo Varela López huyó de Venezuela hace más de veinte años después de denunciar públicamente al entonces presidente Hugo Chávez. Ahora, tras vivir silenciosamente en Estados Unidos, enfrenta una deportación que su familia teme podría costarle la vida.
En 2002, Varela, junto a otros oficiales como José Antonio Colina, se unió a las protestas cívico-militares en la Plaza Altamira de Caracas contra el gobierno de Chávez. Acusaron al régimen de politizar las fuerzas armadas y tolerar la presencia de grupos guerrilleros colombianos.
Para finales de 2003, ambos hombres fueron acusados de terrorismo por el gobierno venezolano. Llegaron a Miami el 19 de diciembre de 2003 solicitando asilo político. Fueron detenidos en el centro de procesamiento Krome, pero demostraron un temor creíble de persecución.
En febrero de 2005, un juez de inmigración de EE.UU. les negó el asilo, pero les otorgó protección bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT), al determinar que serían torturados o asesinados si regresaban a Venezuela. Fueron liberados en abril de 2006 bajo un programa de control para migrantes que no pueden ser deportados.
Varela se estableció en Memphis y cumplió escrupulosamente con todos los requisitos de inmigración durante veinte años, reportándose periódicamente a las autoridades. No tenía antecedentes penales, solo algunas infracciones de tránsito.
Todo cambió el 21 de noviembre de 2025. Durante una verificación de inmigración de rutina en Tennessee, le colocaron un monitor de tobillo. Una semana después, ICE (Immigration and Customs Enforcement) lo detuvo, informándole que su protección CAT podría ser revisada y que sería removido a un tercer país, con México como destino probable.
“Desde el primer día, él dijo que México era lo mismo que Venezuela”, declaró su hermano, Carlos Varela. “Me dijo: ‘Tengo miedo. No puedo dormir’”.
Aunque la protección CAT prohíbe la deportación al país donde existe riesgo de tortura, los beneficiarios pueden ser enviados a terceros países. Abogados y activistas advierten que México podría eventualmente deportar a Varela de vuelta a Venezuela, un proceso conocido como «chain refoulement» o cadena de devolución indirecta a la tortura.
“La CAT prohíbe explícitamente las remociones donde existe un riesgo sustancial de tortura, ya sea por agentes gubernamentales o con su aquiescencia”, escribió José Antonio Colina, presidente del grupo de exiliados Veppex, en una carta al Secretario de Estado Marco Rubio. “Esa protección aplica a nivel global, no solo a Venezuela”.
Colina subraya que, aunque el líder venezolano Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses, las estructuras de persecución persisten bajo figuras como el vicepresidente Delcy Rodríguez y ministros clave. Cientos de detenidos políticos permanecen en prisión en Venezuela.
La situación se agrava por los problemas de salud de Varela, quien padece diabetes e hipertensión. Su familia denuncia que ha recibido atención médica inadecuada durante su detención y temen por su bienestar si es deportado.
La carta de Colina a Rubio solicita una moratoria inmediata a las deportaciones a terceros países para venezolanos con protección CAT, especialmente exmilitares, y una revisión urgente de la detención de Varela para su posible liberación bajo supervisión.
Expertos en inmigración señalan que este caso plantea preguntas sobre la solidez de las protecciones otorgadas bajo la Convención contra la Tortura. “Reabrir esos casos décadas después —y deportar personas a terceros países con riesgos conocidos— socava esa protección”, dijo un exabogado de inmigración familiarizado con casos similares.
La familia de Germán Varela clama por que Estados Unidos cumpla la protección que le fue concedida. “Le creyó su palabra a este país”, dijo Carlos Varela. “Le pedimos que lo haga ahora —antes de que sea demasiado tarde”.
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