Trump implementa nueva prohibición de viaje con enfoque estratégico tras lecciones del pasado

La evolución de la política migratoria de Trump

Cuando el presidente Donald Trump implementó abruptamente su prohibición de viaje a países de mayoría musulmana en 2017, el caos se apoderó de los aeropuertos estadounidenses. Esta vez, con nuevas restricciones dirigidas a 19 naciones, la reacción ha sido notablemente más contenida y la justificación legal parece más deliberada.

Lecciones del primer mandato

«La primera versión de esas restricciones de viaje no se mantuvo porque el tribunal quería ver ‘¿cuál es su metodología, cuáles son los criterios en los que basa estas decisiones de seguridad nacional?'» explicó Chad Wolf, exsecretario interino de Seguridad Nacional. Trump ha utilizado sus primeros cinco meses en el cargo para implementar medidas migratorias que había considerado durante su primer mandato.

Detalles de la nueva orden ejecutiva

• Países afectados: 19 naciones
• Criterios de selección: Actividad terrorista, cooperación en seguridad de visados y capacidad de verificar identidades
• Exenciones: Titulares de estatus legal permanente y poseedores de visados existentes
• Entrada en vigor: Próximo lunes

Desafíos legales en el horizonte

A pesar de la mejor planificación, Jonathan Hafetz, profesor de derecho en Seton Hall, advierte: «La nueva prohibición se promulga en un contexto en el que el presidente Trump ha mostrado un desafío al debido proceso». Grupos de defensa de inmigrantes ya preparan batallas legales.

Diferencia clave con 2017

A diferencia de la implementación inmediata que afectó a personas en vuelo en 2017, la nueva orden no aplica a personas con estatus legal en EE.UU. y contiene exenciones específicas, lo que explica la menor conmoción inicial.

Confianza en el marco legal

Morgan Bailey, exfuncionario de Seguridad Nacional, señala: «Tener la decisión de la Corte Suprema de la prohibición 1.0 podría poner a esta administración en una posición muy fuerte». Aliados de Trump confían en el fallo de 2018 que afirmó los poderes presidenciales en seguridad nacional.