El presidente Donald Trump ha declarado que los cárteles de drogas son «combatientes ilegales» y notificó a miembros del Congreso que Estados Unidos se encuentra en un «conflicto armado no internacional» con estas organizaciones. Esta decisión se detalla en un memo del Pentágono, obtenido por Associated Press y The New York Times, que establece: «El presidente determinó que estos cárteles son grupos armados no estatales, los designó como organizaciones terroristas y determinó que sus acciones constituyen un ataque armado contra Estados Unidos».
El movimiento se produce después de que el presidente realizara cuatro ataques armados en el Caribe contra embarcaciones que, según la administración, transportaban drogas. En estos ataques, diecisiete presuntos traficantes de drogas fueron asesinados, con al menos tres incidentes ocurriendo frente a la costa de Venezuela. Trump ha elogiado estos operativos y afirmó que algunos barcos eran operados por la pandilla venezolana Tren de Aragua, junto con otros cárteles como el Suns Cartel de Venezuela, todos designados como organizaciones terroristas extranjeras por el gobierno estadounidense.
Al declarar que sus acciones forman parte de un conflicto armado activo, Trump parece estar utilizando poderes de guerra para justificar los ataques. La Casa Blanca afirmó que el presidente ejerce sus poderes ejecutivos bajo el Artículo II de la Constitución para defender el país. Sin embargo, expertos legales y grupos de derechos humanos han cuestionado esta postura.
«El presidente no puede simplemente decir que estamos en guerra», señaló la profesora Rachel E. VanLandingham de Southwestern Law School, una exjueza de la Fuerza Aérea especializada en derecho militar. «Esto fue un asesinato intencional».
La notificación sobre combatientes ilegales se emitió en medio de informes que sugieren que la administración está revisando planes para operaciones dirigidas dentro de Venezuela. Según NBC News, las opciones bajo consideración incluyen ataques con drones contra figuras de cárteles y laboratorios clandestinos de drogas. Aunque no se ha tomado una decisión final, funcionarios indican que las acciones potenciales podrían comenzar «en semanas». Paralelamente, Washington ha desplegado una de las mayores movilizaciones militares estadounidenses en el Caribe en décadas, con buques de guerra, aviones de vigilancia, embarcaciones anfibias e incluso un submarino de propulsión nuclear estacionados frente a la costa norte de Venezuela.
Trump ha sido vocal en sus amenazas contra los cárteles. En un discurso reciente ante líderes militares en Quantico, Virginia, advirtió: «Si intentan envenenar a nuestra gente, los haremos desaparecer porque ese es el único lenguaje que entienden». Además, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada, afirmó: «Recientemente comenzamos a usar el poder supremo de las fuerzas armadas estadounidenses para destruir redes de tráfico y terroristas venezolanos liderados por Nicolás Maduro. A cada matón terrorista que contrabandea drogas venenosas hacia Estados Unidos, sepan que los haremos desaparecer».
La notificación fue enviada a varios comités del Congreso el miércoles, después de que legisladores demócratas pidieran a la administración que buscara autorización de poderes de guerra para continuar con los ataques. En un conflicto armado, un país puede matar legalmente a combatientes enemigos incluso cuando no representan una amenaza inmediata, como se establece en el memo del Pentágono.
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