El presidente Donald Trump ha declarado que los cárteles de droga son «combatientes ilegales» y ha informado a miembros del Congreso que Estados Unidos se encuentra en un «conflicto armado no internacional» con ellos, según un memo del Pentágono obtenido por Associated Press y The New York Times.
El memo establece que Trump designó a los cárteles como organizaciones terroristas y determinó que sus acciones constituyen un ataque armado contra Estados Unidos. Esta medida llega después de que el presidente ordenara cuatro ataques armados en el Caribe contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, resultando en la muerte de 17 presuntos traficantes, con al menos tres incidentes ocurridos cerca de las costas de Venezuela.
Expertos legales y grupos de derechos humanos han cuestionado las acciones de Trump, advirtiendo sobre un peligroso precedente en el uso del poder ejecutivo. Al justificar los ataques bajo poderes de guerra, el presidente busca autoridad para actuar sin necesidad de una amenaza inmediata, lo que permite matar combatientes enemigos legalmente en un conflicto armado.
«Si intentan envenenar a nuestra gente, los haremos desaparecer porque ese es el único lenguaje que entienden», declaró Trump en un discurso el martes en Quantico, Virginia.
La notificación fue enviada a comités del Congreso el miércoles, luego de que legisladores demócratas solicitaran autorización de poderes de guerra. Trump ha vinculado los ataques a grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles de Venezuela, designados como organizaciones terroristas extranjeras. Además, Estados Unidos ha desplegado una fuerza militar significativa en el Caribe, incluyendo buques de guerra, aviones de vigilancia y un submarino nuclear, lo que críticos argumentan es una demostración de fuerza contra el régimen de Nicolás Maduro.
Informes recientes sugieren que la administración evalúa operaciones dirigidas dentro de Venezuela, como ataques con drones contra figuras de cárteles y laboratorios clandestinos. Aunque no se ha tomado una decisión final, funcionarios indican que las acciones podrían iniciarse «en semanas». La Casa Blanca defiende el uso de poderes ejecutivos bajo el Artículo II de la Constitución, pero expertos como la profesora Rachel E. VanLandingham de Southwestern Law School cuestionan esta base legal, señalando que «el presidente no puede simplemente decir que estamos en guerra».
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