El gobierno de Donald Trump presentó una apelación de emergencia ante la Corte Suprema para reanudar las deportaciones masivas de presuntos pandilleros venezolanos usando poderes de guerra de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
La jueza Patricia Millett cuestionó el envío de deportados a prisiones salvadoreñas denunciadas por torturas. La fiscal Sarah Harris evitó confirmar si existían garantías contra malos tratos, alegando «secretos de negociaciones internacionales».
«La Corte debe respetar la autoridad constitucional del presidente en asuntos de seguridad nacional» – Sarah Harris, Fiscal General Interina
La Corte de Apelaciones de DC mantuvo el bloqueo temporal, dividiéndose en tres posturas:
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