En su objetivo de ejecutar la mayor campaña de deportaciones en la historia de EE.UU., el presidente Donald Trump ha establecido acuerdos con más de una decena de países para trasladar a migrantes etiquetados como «criminales violentos». Aunque El Salvador ha sido el foco principal, con más de 200 deportados, naciones como Libia, Ruanda y Panamá también forman parte de esta controvertida red.
Más de 200 venezolanos fueron deportados a la mega prisión CECOT, criticada por organizaciones internacionales. La Corte Suprema intervino repetidamente, ordenando garantizar el derecho a apelar, pero el gobierno salvadoreño se niega a repatriar a los afectados.
Aunque sin un acuerdo formal, México ha recibido a más de 38,000 deportados, incluyendo 5,000 no mexicanos. Sin embargo, defensores advierten riesgos de violencia para los deportados en territorio mexicano.
La ACLU demandó al gobierno por usar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, mientras jueces federales cuestionan la falta de evidencias sólidas contra los deportados. La Corte Suprema ha emitido órdenes contradictorias, reflejando la tensión entre seguridad y derechos humanos.
El intento de deportar a 30,000 migrantes a la base naval en Cuba solo resultó en 500 detenidos. Altos costos y problemas logísticos frustraron la operación.
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