Según informes, el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) ha estado exigiendo discretamente a empresas tecnológicas que entreguen información de usuarios sobre críticos de la administración Trump y de las políticas de inmigración.
A diferencia de las citaciones judiciales, que requieren autorización de un juez, las citaciones administrativas son emitidas directamente por agencias federales. Estas no pueden obtener el contenido de comunicaciones como correos electrónicos o búsquedas, pero sí permiten demandar datos identificables como: horarios de inicio de sesión, direcciones IP, direcciones físicas, direcciones de correo electrónico y detalles de dispositivos.
Su uso por parte de funcionarios de Trump para buscar información sobre personas críticas de las políticas presidenciales ha generado gran alarma.
Homeland Security envió una citación administrativa a Meta (propietaria de Instagram) exigiendo información personal del administrador de la cuenta anónima @montocowatch. Esta cuenta compartía recursos sobre derechos de inmigrantes en Montgomery County, Pennsylvania.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), representando al dueño de la cuenta, argumentó que no había evidencia de delito y que documentar la actividad de inmigración de forma anónima está protegido por la Primera Enmienda. Finalmente, Homeland Security retiró la citación sin explicación.
Un jubilado estadounidense que envió un correo electrónico crítico al abogado principal de Homeland Security, Joseph Dernbach, recibió una notificación de Google apenas cinco horas después, informando que su cuenta había sido citada por el Departamento.
La citación demandaba: fechas, horas y duración de todas sus sesiones en línea, dirección IP, dirección física, servicios utilizados y otros datos personales como números de seguro social y licencia de conducir.
Dos semanas después, agentes federales visitaron su casa para interrogarlo sobre el correo, aunque reconocieron que no había violado ninguna ley.
La ACLU calificó estas acciones como «parte de una estrategia más amplia para intimidar a las personas que documentan la actividad de inmigración o critican las acciones del gobierno».
Google declaró que se opone a las citaciones excesivas o impropias, «como lo hicimos en este caso». Por su parte, Meta no confirmó si proporcionó datos relacionados con @montocowatch.
La subsecretaria asistente de Homeland Security, Tricia McLaughlin, no explicó las razones de las investigaciones, pero citó la autoridad legal bajo 8 U.S.C. § 1225(d) y 19 U.S.C. § 1509(a)(1).
Aunque empresas como Signal (con cifrado de extremo a extremo) almacenan pocos datos, muchas otras compañías tecnológicas pueden proporcionar amplia información sobre sus usuarios, facilitando la identificación de cuentas anónimas.
Este escenario ha acelerado la búsqueda de alternativas a los gigantes tecnológicos estadounidenses, en un momento donde sus líderes muestran cercanía con la administración Trump.
La ACLU afirma: «Grabar a la policía, compartir esa grabación y hacerlo de forma anónima es legal y está protegido por la Primera Enmienda».
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