Crackdown en Cuba: Violaciones a Derechos Humanos en Protestas
El gobierno cubano continúa su represión contra la crítica y la disidencia, con sentencias prisión para ciudadanos que graban protestas y periodistas independientes. Recientemente, un hombre fue condenado por intentar filmar una fila para comprar botellas de gas, mientras otros enfrentan juicios por manifestarse durante apagones.
Caso de Julio César Duque de Estrada Ferrer
Un tribunal local en Santiago de Cuba sentenció a Julio César Duque de Estrada Ferrer, de 56 años, a 4 años y medio de prisión por cargos de «desobediencia» y «agresión» a un oficial de contrainteligencia del Ministerio del Interior. El hecho ocurrió en septiembre de 2024, cuando Duque de Estrada grababa con su teléfono una multitud en una calle de Santiago de Cuba.

Según el documento de sentencia publicado el martes por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el oficial Mario Raciel Soulary Garces detuvo a Duque de Estrada después de una confrontación. Testigos presentaron versiones diferentes, pero los jueces las desestimaron. Duque de Estrada es padre de Dairon Duque Estrada Aguilera, quien cumple una condena similar por participar en las protestas de julio de 2021.
Juicios a Manifestantes y Periodistas
El martes, el periódico Granma reportó el juicio de 15 personas por protestar durante un apagón en Bayamo, provincia de Santiago de Cuba, en marzo del año pasado. Los cargos incluyen «desorden público, agresión y resistencia».
Además, José Gabriel Barrenechea, periodista independiente y colaborador del sitio de noticias 14ymedio, enfrenta un juicio la próxima semana junto a otros cinco hombres por protestar contra los apagones en Encrucijada, Villa Clara, en noviembre del año pasado. Barrenechea fue acusado de desorden público por gritar «enciendan la electricidad» y animar a otros a no desistir. Ha estado en prisión desde su detención en noviembre, y las autoridades negaron un habeas corpus a su favor.
Contexto de Represión en Cuba
En años recientes, las autoridades cubanas han aprobado leyes para castigar la crítica al gobierno en redes sociales y han encarcelado a ciudadanos por grabar protestas. A pesar de la condena internacional, cientos de manifestantes del 11 de julio de 2021 cumplen condenas prolongadas. La pobreza extrema y los frecuentes apagones han exacerbado las protestas, leading to una respuesta gubernamental agresiva.
«El proceso judicial está plagado de violaciones de derechos humanos, y el fallo es una farsa», declaró el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Varios periodistas, académicos y activistas han urgido al gobierno a liberar a Barrenechea, destacando la sistemática represión a la libertad de expresión.