En un giro significativo para el juicio federal en Miami, el líder opositor venezolano Julio Borges testificó esta semana que el ex congresista republicano David Rivera no cumplió ninguna de sus promesas para ayudar a derrocar al presidente Nicolás Maduro, contradiciendo la defensa del acusado.
Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y fundador del partido Primero Justicia, declaró ante el jurado que se reunió con Rivera, el congresista texano Pete Sessions y el empresario venezolano Raúl Gorrín el 2 de abril de 2017 en Nueva York.
El objetivo, según Borges, era discutir esfuerzos contra Maduro y acceder a altos funcionarios estadounidenses como el entonces vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Rex Tillerson.
“Mr. Rivera sold himself [as someone who] could give you access to many people in the United States, but he never did anything for me”, testificó Borges.
El fiscal Roger Cruz preguntó si Rivera ayudó a lograr sus metas. La respuesta fue contundente: “No, nunca”.
Rivera y su coacusada, la consultora política Esther Nuhfer, enfrentan cargos por conspirar contra Estados Unidos y no registrarse como agentes extranjeros de Venezuela. La acusación central gira en torno a un contrato de consultoría de $50 millones que la empresa de Rivera, Interamerican Consulting, firmó en marzo de 2017 con PDV USA, la subsidiaria estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Los fiscales alegan que Rivera y Nuhfer orquestaron una “campaña de influencia secreta” para “normalizar” las relaciones con el gobierno de Maduro y evitar sanciones estadounidenses, sin revelar quién los pagaba.
Los abogados defensores argumentan que sus clientes, históricos opositores al socialismo, nunca intentaron ayudar a Maduro. Edward Shohat, abogado de Rivera, dijo al jurado: “En ningún momento… David Rivera dijo una cosa para ayudar a Nicolás Maduro a normalizar relaciones con Estados Unidos”.
La defensa sostiene que trataban directamente con la empresa estadounidense y no estaban obligados a registrarse.
Según la acusación, los acusados intentaron lobbystas a figuras como el senador Marco Rubio —quien también testificó— y la asesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway. Lograron dos reuniones con Rubio en julio de 2017 para discutir un plan de elecciones democráticas en Venezuela.
Además, se alega que Rivera colaboró con Gorrín para organizar un encuentro entre el congresista Sessions y el propio Maduro en Caracas en abril de 2018, donde Sessions aceptó llevar una carta del líder venezolano a Donald Trump.
La firma de Rivera recibió $20 millones antes de que el contrato se cancelara en 2017. Documentos judiciales revelan que más de la mitad de esos fondos, unos $13 millones, se desviaron a tres subcontratistas en Miami: Raúl Gorrín, Esther Nuhfer y el desarrollador Hugo Perera.
Perera, un ex narcotraficante convicto que actuó como intermediario, es el “testigo estrella” de la fiscalía y se espera que testifique como colaborador.
El testimonio de Borges, un líder opositor exiliado en España por amenazas, ha sido un duro revés para la defensa de Rivera, poniendo en duda la narrativa de que su trabajo beneficiaba a la oposición venezolana.
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