El expresidente haitiano Michel Martelly, quien reside en Miami, ha regresado a Haití en una visita poco común para comparecer ante la investigación judicial sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
Martelly llegó a Puerto Príncipe el miércoles procedente de la ciudad norteña de Cabo Haitiano a bordo de un vuelo de Sunrise Airways. Su avión aterrizó en el aeropuerto Guy Malary a las 10:45 a.m. Tras el aterrizaje, esperó en el salón diplomático mientras simpatizantes del expresidente, muchos en motocicletas, ingresaban al aeropuerto.
El exmandatario, quien designó a Moïse como su sucesor, se encuentra entre varias figuras de alto perfil citadas a declarar. Hasta el momento no se le han presentado cargos. La visita de Martelly se produce mientras un juez instructor continúa reexaminando el caso del asesinato que sumió a Haití en una crisis política y de seguridad.
Analistas políticos creen que la estancia de Martelly podría extenderse más allá de cumplir con la citación judicial. El exlíder, que gobernó entre 2011 y 2016, podría aprovechar para evaluar el clima político y medir apoyos para un posible regreso al poder, a pesar de los obstáculos significativos que enfrenta.
En medio de la crisis política y la violencia de las pandillas que estalló tras el asesinato de Moïse, Martelly es uno de los políticos haitianos sancionados por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por presunto narcotráfico, vínculos con pandillas y corrupción. Su partido, el Partido Haitiano Tèt Kale (PHTK), no figura entre los 316 partidos autorizados recientemente por el Consejo Electoral Provisional para presentar candidatos en las próximas elecciones generales.
A pesar de ello, Martelly sigue contando con el respaldo de sectores del empresariado y la clase política haitiana. El país no celebra elecciones desde hace una década y sigue en transición mientras las pandillas armadas aumentan su control sobre Puerto Príncipe y la región de Artibonito.
Pierre Esperance, defensor de derechos humanos en Haití, señaló que el expresidente tiene todo el derecho como ciudadano de regresar al país, pero el gobierno no le debe nada. Bajo la ley, solo tenía derecho a seguridad y vehículos durante los primeros cinco años después de dejar el poder.
“Si le dan seguridad, es a discreción”, dijo Esperance, citando las diversas acusaciones contra Martelly, incluyendo declaraciones falsas sobre sus bienes ante las autoridades haitianas. “Normalmente, el Estado haitiano no debería darle seguridad”.
El regreso de Martelly añade un nuevo capítulo a la compleja trama política haitiana, mientras el país busca estabilidad y justicia por el asesinato de su presidente.
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